La nueva campaña de la PAC y Pago Único 2012 acaba de sobrepasar su ecuador. La mayoría de los agricultores y ganaderos de la provincia de Alicante han tramitado sus expedientes para solicitar la ayuda más importante que perciben y que desaparecerá tal y como la conocíamos hasta ahora en 2013. Desde ASAJA Alicante siempre lo hemos defendido con rotundidad. Los productores no queremos exiguas subvenciones, si no que sea el mercado quien remunere nuestro trabajo y que todo el presupuesto de la Unión Europea se destine a resolver los problemas de la cadena alimentaria.

¡¿No se creerá que los precios finales de nuestras frutas y hortalizas los establece la ley de la oferta y la demanda?! Permítame que concrete la respuesta acertada, pero recurriendo a los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Agricultura y no a los valores que yo o cualquier otro productor alicantino hayamos percibido con el único objetivo de comunicarle valores medios y alcanzar la máxima objetividad.

Por un kilo de Limón Fino (escojamos como ejemplo este fruto tan característico de nuestra provincia) se paga 1,20 euros en el supermercado, mientras que en el campo, según el Ministerio, dan 0,20€/kg. ¡Mentira! Siempre ‘hinchan’ las cifras. Cabe señalar que el primer corte se vendió a 0,12€/kg y el resto, “regalado”. Disculpe el matiz, pero entienda que escribir siempre es subjetivo, al igual que su lectura.

Ejemplos hay muchos más, millones. La Cebolla Grano de Oro cuesta en campo 0,08 €/kg y en el supermercado, 1,02 €. La Lechuga Romana pasa de 0,35€/kg a 0,95€/kg; la manzana de 0,33€/kg a 1,54 €/kg, el tomate de 0,42€/kg a 2€, el pimiento de 0,99€/kg a 2,04€/kg,… Y así podríamos seguir hasta la eternidad, pero no es necesario. Lo ineludible es entender que se trata de agroalimentos que apenas necesitan manipulación, por lo que nadie podrá negar que los aumentos son abusivos.

Tres o cuatro grandes distribuidores se están enriqueciendo a un ritmo acelerado pese a la cruenta crisis. Representan la demanda, que está perfectamente organizada y fija los precios. ¡Justo la tarea que nosotros tenemos pendiente! El valor debe acordarse cuando la mercancía sale de nuestros bancales, es decir, en origen, tal y como sucede en otros sectores. Para poder conseguirlo, no nos queda otra que permanecer unidos y ser muy fuertes. De nada vale alcanzar acuerdos de mínimos si pasadas 24 horas cedemos y vendemos por lo que nos den “porque si no se lo compran al vecino” o se lo regalamos a la cítrica “porque de lo contrario no volverá a comprarnos al año siguiente”. Actuar así sólo ha condenado a los empresarios agrícolas a la ausencia de beneficios y, por tanto, al cierre de sus explotaciones. ¡Qué no me vengan con la retahíla de que no podemos aconsejar acciones que vulneran la libre competencia! El mercado ya está manido y confeccionado a gusto de las multinacionales. No nos queda otra que hacer todo lo posible para garantizar la supervivencia de nuestros negocios. Para ello, los productores debemos cambiar el chip, pero también la exportación debe ser consciente de que no puede llevar a otros países todo lo que se le antoje. Las cantidades deberían ajustarse a las necesidades para que los precios no se devalúen.

Los operadores citrícolas tampoco podemos con todo. Las distintas administraciones tienen mucho por hacer al respecto. Precisamente, la Asamblea General de la ONU ha celebrado recientemente un debate de alto nivel sobre los precios de los alimentos. Trataron de alcanzar un consenso internacional de cara a reducir la volatilidad y la especulación. También destacaron que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado de vida que le asegure la salud y el bienestar, principalmente a través de la alimentación. La Unión Europea tendría que haber tomado buena nota de estas consideraciones antes de aprobar el acuerdo de liberalización comercial con Marruecos, país en el que se produce con fitosanitarios que llevan más de una década prohibidos en nuestras fronteras.

También en España encontramos iniciativas. El ministro de Agricultura Arias Cañete anunció una batería de medidas, todas ellas relacionadas con el principal objetivo que se ha propuesto alcanzar en esta legislatura: mejorar la posición del sector productor en la cadena alimentaria. Su homóloga en nuestra autonomía publicó un Código de Buenas Prácticas al objeto de impedir los abusos. Tras años de permanecer en el olvido socialista, estas medidas han sido bien acogidas, pero ardemos en deseo por ver cómo las hacen realidad y aún nos falta que Bruselas deje de denostar nuestro modelo agrícola, que es el que goza de mayor calidad del mundo y el que cumple a rajatabla con sus imposiciones. En juego hay mucho, así lo transmitirá el COPA-COGECA (el órgano supranacional de agricultores y cooperativas de la Unión Europea) en las jornadas que celebrará el próximo 26 de abril. Espero que los ‘euromandatarios’ atiendan sus peticiones. Insisto, es de ellos de donde tiene que venir el principal cambio. Baste como ejemplo que iban a contemplar medidas para regular los mercados en la PAC 2014-2020 y yendo a contracorriente, al final las dejaron en agua de borrajas.