Según los datos de la ONU, las mujeres sólo son propietarias del 20 % de las tierras agrícolas y la desigualdad de género es una de las causas y efectos principales del hambre en el planeta, ya que si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos que tienen los hombres se reducirían entre un 12 % y 17 % las personas con hambre. Las mujeres rurales constituimos una cuarta parte de la población mundial y somos líderes, productoras, empresarias y proveedoras de servicios; cosechamos la mayoría de los alimentos, especialmente de agricultura de subsistencia, y llevamos a cabo la mayor parte de los trabajos de cuidado no remunerados, por lo que si las mujeres rurales tuviéramos un acceso equitativo a los recursos productivos nuestros rendimientos podrían reducir entre 100 y 150 millones la cantidad de personas con hambre crónica.

Junto a esta brecha de género, las mujeres rurales venimos padeciendo otras situaciones de desigualdad como las relativas a la educación, hasta el punto de que las niñas rurales tienen dos veces más probabilidades que las urbanas de no asistir a la escuela o que trabajemos más horas que los hombres, debido a otras responsabilidades como ser madres, las tareas domésticas o los cuidados familiares y adicionales, por lo que cada día, se hace más urgente la exigencia de un acuerdo entre nuestros representantes, gobiernos, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado, de medidas necesarias para no discriminar a las mujeres y marcar una diferencia real en las vidas de millones de mujeres rurales.

Nuestras contribuciones son vitales para el desarrollo de las familias, de nuestros pueblos y de las economías, ya que representamos una gran proporción de la mano de obra agrícola, el medio de vida del 86% de mujeres y hombres rurales, pese a que nuestros derechos y contribuciones han sido históricamente ignorados, hasta la recién aprobada Ley de Titularidad Compartida en las Explotaciones Agrarias, aquí en España, cuya difusión y puesta en marcha requieren de una apuesta comprometida por parte de las distintas administraciones involucradas en su desarrollo, para que la misma sea efectiva realmente y las mujeres podamos acceder a los reconocimientos sociales, jurídicos y económicos de nuestra participación en la actividad agraria.

A este panorama se suman ahora otros retrocesos para las mujeres, ya que vamos a sufrir las consecuencias del recién aprobado Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero para la reforma del mercado laboral y que, desde una perspectiva de género va a tener consecuencias negativas para nosotras, ya que el texto adopta medidas duras para las trabajadoras y presenta carencias, ya que no respeta el Principio de Igualdad de Oportunidades, vulnerando la Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres que señala con carácter de obligación la incorporación de un informe sobre el impacto que producirá por razón de género.

Además, con el nuevo papel que la reforma otorga a las Empresas de Trabajo Temporal como agencias de colocación, se romperá el principio de igualdad de oportunidades a la hora de convocar el proceso selectivo, fundamentalmente debido a la “autoselección” que realizan estas dejando fuera del proceso selectivo al sexo femenino por variables como la franja de edad, el estado civil o las responsabilidades familiares.

Las mujeres nos vamos a encontrar con que la flexibilidad en la distribución horaria es máxima, lo que en la realidad se traducirá en una discriminación indirecta hacia los derechos de conciliación o que se dará prioridad al contrato a tiempo parcial como instrumento de creación de ocupación de bajo coste, en detrimento de la visión de este contrato como una fórmula de conciliación de la vida laboral con la vida personal y familiar, haciendo del nuevo régimen un impacto especialmente negativo sobre las mujeres de discriminación indirecta. Para la Federación de Mujeres de UCCL / Ismur, esta reforma afecta a hombres y mujeres, pero nosotras sufrimos las consecuencias de un mercado de trabajo ya de por sí discriminatorio y con una realidad que todavía no ha logrado la igualdad real entre mujeres y hombres.