Cuatro años después de
la publicación de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio
rural se han ido desinflando las expectativas que desde el Ministerio se
generaron: todavía no se ha empezado a aplicar en serio (no han llegado ni
euros ni otros apoyos a las zonas rurales, salvo los pequeños proyectos
piloto de 2008-2009), y surgen incluso dudas sobre su continuidad.

Desde el principio se
incumplieron todos los plazos previstos en el texto de la Ley, demorándose
el Programa nacional que debería enmarcar las actuaciones autonómicas hasta
mediados de 2010 (se publicó en el BOE de 11 de junio de 2010). Después,
cuando a primeros de 2011 las primeras CC.AA. que elaboraron sus Planes de
Zona quisieron empezar a aplicarlos, una vez terminados los trabajos
necesarios, el Ministerio bloqueó su aportación financiera apelando a la
normativa de control del déficit presupuestario. Más tarde, aunque a
mediados de 2011 se incorporaron otras CC.AA. que en principio no tenían
problemas de déficit, la lentitud de los trámites y el adelanto de las
elecciones condujo a que tampoco se materializase la aportación financiera
del Ministerio.

El resultado es que las
previsiones de gasto iniciales han venido menguando hasta quedar reducidas a
cero en 2010 y 2011, habiendo quedado circunscrito el gasto real a los
programas piloto de 2008 y 2009, que en realidad, a pesar de su nombre,
fueron una transferencia ordinaria de fondos del Estado para que las
Comunidades Autónomas que los aplicaron financiaran diversas obras y
actuaciones en las zonas rurales, con unos importes muy limitados:

En el futuro de la Ley
va a influir mucho la situación presupuestaria. Encajar en los Presupuestos
de 2012 una dotación significativa para la Ley (aunque no fueran los 500
millones de la previsión inicial) debería hacerse a costa de otras políticas
y medidas, como ya se hizo para dotar los fondos asignados (pero no
gastados) en 2010 y 2011. Y en ese momento entraría en juego el debate sobre
prioridades.

Desde el punto de vista
político (y sin olvidar que en su momento el Partido Popular votó en contra
del texto actual de la Ley, criticando diversos aspectos que se comprometió
a mejorar en el futuro) parece evidente que muchas CC.AA. (o al menos sus
Consejeros de Agricultura) van a intentar que se aplique la Ley, por lo que
supone de ingresos por parte del Estado, aunque si se siguen produciendo
tantas demoras y rigideces en los trámites este incentivo presupuestario
puede acabar anulándose, sobre todo si los importes en juego no crecen
significativamente. A este respecto es significativo que, en un llamativo
quiebro jurídico-presupuestario, el Programa nacional haya tratado de
incorporar al País Vasco y a Navarra a la financiación estatal de la Ley,
ofreciéndoles el generoso estímulo de fondos del Ministerio a pesar de su
regímen foral, mediante el artificio de asignar a estas dos CC.AA. el 60% de
las obras de interés general del Estado, con lo que las dos regiones
triplican o cuadruplican los fondos de interés general de Castilla y León o
Andalucía, lo que no parece concordar con las respectivas necesidades
objetivas del medio rural de estas regiones.

También puede jugar en
contra de la Ley el debate actual sobre la necesidad de evitar duplicidades
y solapamientos administrativos, porque ya existen otros instrumentos como
los Programas regionales de Desarrollo Rural que cofinancia la UE (que
además movilizan muchos más fondos del Ministerio que los previstos por la
Ley con una tramitación más sencilla), o dentro de estos los programas
comarcales Leader, además de diversas y numerosas iniciativas de todo tipo
en las diferentes CC.AA. Parece dudoso el valor añadido que representa crear
un entramado nuevo para hacer lo mismo, y más si no hay ninguna garantía de
que al final todo el trabajo no conduzca a que lleguen fondos adicionales al
medio rural.