A partir del próximo 1 de enero, 5.500 trabajadores por cuenta ajena del campo riojano verán modificadas sus condiciones laborales por la entrada en vigor de la Ley 28/2011 de integración del Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social. Esta nueva medida les permitirá equiparar sus derechos y prestaciones con el resto de trabajadores por cuenta ajena, a través de un nuevo modelo de cotización con el que recibirán, además, un mayor nivel de protección

El presidente de Asaja en La Rioja, Javier Rubio, ha calificado la nueva Ley de “necesaria y oportuna en la actual coyuntura de crisis”, en la jornada que la organización agraria ha celebrado hoy para informar a los agricultores y ganaderos riojanos sobre los detalles de la misma. “Se trata de una medida estructural que contribuirá a la mejora del campo riojano, consolidando los derechos de los trabajadores y conteniendo los costes empresariales” ha manifestado Rubio

Entre las principales novedades del sistema figuran dos tipos de cotización, en función de si hay o no actividad; la posibilidad de realizar el contrato el mismo día hasta las 12h.; y la obligación de cotizar por formación profesional. Respecto a las implicaciones de la nueva Ley para el empleador agrario, se ha establecido un periodo de veinte años para la equiparación paulatina de las bases y tipos de cotización con el Régimen General, lo que permitirá al empresario una adaptación progresiva a los nuevos tramos y un aumento controlado de los gastos de su explotación.

Finalmente, la Ley también incluye una revisión de las reducciones cada 3 años en función del IPC, ofrece la posibilidad de establecer bonificaciones a cuenta del Plan General del Estado, aumenta el periodo de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años y, en el caso de trabajadores temporeros, no se contempla el incremento de las cotizaciones por contratos inferiores a 7 días.

Demanda histórica del sector agrario

La integración del Régimen Especial Agrario en el Régimen General era una demanda histórica del sector agrario ante la situación de desigualdad y precariedad en la que se encontraban sus trabajadores en comparación con los acogidos al Régimen General.

El Pacto de Toledo, firmado en 1995 por los diputados del Congreso, recomendaba la simplificación e integración de los regímenes especiales con la finalidad de que queden dos grandes regímenes, el General y el de Autónomos. En 2006, en el marco del acuerdo con los interlocutores sociales, se dio un nuevo impulso a esta medida y en 2008 se iniciaron las negociaciones entre Ceoe, Cepyme, Ugt, Ccoo y Asaja que, a pesar de las iniciales posiciones distantes, lograron un acuerdo en marzo de 2011 que ha dado lugar a la presente Ley.