AVA-ASAJA alerta que la aplicación del nuevo Re­gla­men­to de Valoraciones de la Ley del Suelo, publicado en el BOE el pasado día 9, depreciará la tie­rra y des­­ca­pi­­ta­lizará al agricultor afectado por procesos expropiatorios. Efectivamente y se­­­­­gún el análisis realizado por el Departamento Jurídico de esta organización agra­­ria, el nue­­­­vo método aprobado para tasar el suelo rural acabará por reducir la in­dem­ni­za­ción a los ex­­­propiados y obli­ga­rá a los propietarios a asumir mayores cos­tes por el pago de pe­ri­tos y abo­­gados. “El Gobierno en funciones ha aprobado ‘in extremis’, a hurta­di­llas y por la puer­ta de atrás una regulación repleta de tecnicismos que, lejos de clarificar cómo reparar el da­­ño cau­­sado al agricultor expropiado, lo dejará más indefenso y confundido”, advierte su pre­si­den­­te, Cris­tóbal Agua­do, quien reclama al futuro Ejecutivo que salga del 20-N que revise a con­cien­cia esta regulación o incluso derogue la propia norma.

Paradójicamente, el citado reglamen­to trata de resolver las dudas ge­neradas con la apli­cación de la Ley del Sue­lo de 2008 en la ta­sa­ción de las tierras afec­­­tadas por repar­ce­la­cio­nes, expropiaciones, ventas y susti­tuciones forzo­sas. La citada ley ya provocó un recurso de in­cons­titucionalidad aún no resuelto de ASAJA –la organización nacional a la que perte­ne­ce AVA- al entender que la eli­mi­nación del método de comparación pa­ra valorar los te­rre­nos que introducía aquella norma im­po­si­bi­li­ta­­ba al afectado recibir una indemnización justa, esto es, el poder cobrar una com­­pensación para adquirir un bien de igual naturaleza y ca­rac­te­rística al expropiado. “Sin esperarse al pronunciamiento del Constitucional, el Gobierno ha apro­­bado en el tiempo de descuento un reglamento de consecuencias gravísimas y que su­po­ne una puñalada trapera a los agricultores”, lamenta Aguado.

La voluntad declarada ahora por el Ministerio de Fomento para impulsar este de­sa­rrollo es “mejorar el fun­cionamiento del mercado del suelo y combatir prác­ticas es­pe­­cu­la­ti­vas”. Sin embargo, el reglamento limita los cambios en los métodos de valoración al suelo rural y mantiene los criterios de comparación en el urbano. Tal contraste, a juicio de Aguado, evidencia que el Gobierno quiere aplicar “una doble vara de medir, ge­ne­ro­sa en las ciu­da­des e implacable en el ámbito rural con los agricultores, que ten­drán que pagar la fac­tura del abaratamiento de costes que ahora se pretende conseguir en las futuras expropiaciones”.

AVA-ASAJA advierte en este sentido que el nuevo método para la valoración de los suelos expropiados a partir de la capitalización de las rentas de la explotación (ya no de la tierra) perjudicará en líneas ge­ne­ra­les a todos los propietarios agrícolas. El complejo en­tra­ma­­do de fórmulas de matemática financiera diseñado ahora para determinar la renta de la ex­plotación expropiada abocará al perjudicado a asumir el coste de la contratación de peri­tos agrí­colas que sean capaces de poder interpretarlas. Si el propietario afectado, además, tuviera la legítima as­pi­ra­ción de conseguir una mejora en la indemnización o de evitar sufrir los retrasos me­­dios en el cobro hoy existentes –de unos cuatro años- tendría que asumir también los costes, en abogados y procuradores, de ir a juicio.

Por otra parte, el llamado “factor de localización” que se introdujo en el anteproyecto del citado reglamento y que estaba llamado a poder mejorar mínimamente las in­dem­ni­za­cio­nes en suelo rural, se ha di­luido en la redacción definitiva del reglamento. Tal cambio afec­ta­rá negativamente a las valoraciones de los campos más pró­ximos a los núcleos ur­ba­nos, que son los más expuestos a ser expropiados y donde también se concentran la mayor par­te de ex­plo­ta­cio­nes de regadío de mayor valor agrícola.