La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) insta al nuevo Gobierno que saldrá de las urnas del próximo 20-N a proseguir con la línea continuista iniciada con la devolución de competencias del Guadalquivir, de manera que sea única y exclusivamente el Estado el que tome las riendas en materia de política de aguas protegiendo los principios de unidad de cuenca y gestión que ampara nuestra Constitución y la Directiva Marco de Aguas (DMA).

Esta petición de los regantes se enmarca dentro de un programa más extenso de propuestas dirigidas a las distintas fuerzas políticas que concurren a las elecciones, con el fin de garantizar la actividad de un sector estratégico para la economía de nuestro país y que, unido a la industria agroalimentaria, puede llegar a representar el 15% del PIB en algunas zonas de España.

El programa de la Federación contempla así, como punto de partida, el establecimiento de un Pacto Nacional que garantice la recuperación por parte de las Confederaciones Hidrográficas de todas las competencias cedidas a las distintas comunidades, para evitar el derroche de recursos económicos y la descoordinación en la gestión del agua que implican las duplicidades administrativas y funcionales.

En este punto, Fenacore aboga por la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional (PHN) que garantice la coordinación de todos los planes de cuenca de acuerdo a los intereses generales de los usuarios, impulsando la construcción sostenible de obras de regulación y trasvases intercuencas, sin olvidar otras medidas complementarias de gestión de la demanda como la desalación, la gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas, la recarga de acuíferos, etc.

Recuperar el Ministerio de Agricultura

Otra de las propuestas de la Federación Nacional se centra en la recuperación del Ministerio de Agricultura, después de que en 2008 el sector quedara relegado a un segundo plano con la integración de los asuntos agrarios en la cartera de Medio Ambiente, Rural y Marino, «pasando de la ignorancia ecologista al fundamentalismo ambientalista».

Precisamente, con el fin de proteger la competitividad del sector -en crisis por la subida de los costes de producción y la caída de precios- plantean al nuevo Gobierno la necesidad de un escenario energético competitivo que suponga un ahorro significativo con respecto al actual y zanje las continuas especulaciones de subidas tarifarias que se ciernen como una amenaza sobre el campo español. En la actualidad, la luz representa más del 30% de los gastos de producción.

Asimismo, la aplicación de unos costes energéticos más competitivos garantizaría al Gobierno entrante la colaboración del sector en la modernización de las más de un millón de hectáreas pendientes de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2015, actualmente paralizada debido a unos costes energéticos inasumibles que se han multiplicado de manera exponencial y que hacen inviable la transformación hacia riegos de presión (aspersión y localizado).

Dentro de este paquete de medidas electorales, los regantes solicitan también la puesta en marcha de una Política Agraria Comunitaria sólida que defienda la agricultura de regadío sostenible de los «ataques» de las nuevas directrices europeas encaminadas a establecer un pago fijo por hectárea en lugar de incentivar la producción/productividad que es precisamente el principal valor del regadío modernizado.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, «después de habernos endeudado por cincuenta años para transformar nuestros sistemas de riego y poder producir más y mejores alimentos con menos agua, en línea con las indicaciones de la FAO, solicitamos que se destine parte de los fondos comunitarios orientados al segundo pilar de políticas de desarrollo rural a reforzar la agricultura de regadío sostenible (o modernizada), ya que en general los criterios para asignar estos recursos tienen una base más política que de interés agrícola».