La implantación de infraestructuras en suelo agrario suele generar la mayoría de los conflictos del sector agrícola que llegan a los tribunales. La retribución económica recibida por los agricultores es uno de los objetos de litigio habituales, pero no el único. En ocasiones, el suelo ocupado ni siquiera se expropia en su totalidad a causa de las denominadas servidumbres que se generan, por ejemplo, con la instalación de una torre eléctrica o el paso de las tuberías de un gaseoducto. En estos casos el agricultor es indemnizado en menor medida que en una expropiación, pero esa parte de la parcela que continúa siendo suya, en la mayoría de las ocasiones no puede ser explotada o al menos no en las mismas condiciones, con la consiguiente pérdida de rentabilidad.

En todas estas cuestiones, los Ingenieros Técnicos Agrícolas, son los peritos especializados en el medio rural que, junto a los abogados, ayudan al agricultor en sus demandas. Dada la importancia de esta figura y el papel decisivo que tienen sus informes en los juicios, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón (COITAVC) ha iniciado una relación de colaboración permanente con la Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana para mantener una atención constante en la formación y apoyo a los peritos agrícolas en beneficio último del agricultor.

“Los Ingenieros Técnicos Agrícolas son, a día de hoy, los profesionales más preparados para ejercer como peritos en el medio rural, por eso, la formación continua es fundamental. En esa intención se enmarca esta colaboración con la Asociación de Peritos que se materializará con la organización de distintas jornadas formativas cuyos resultados repercutirán directamente en los agricultores que necesiten nuestros servicios periciales en un juicio”, comenta Carmen Olmo, presidenta del COITAVC.

De hecho, en los próximos días está previsto firmar un convenio que una aún más al COITAVC y a la Asociación de Peritos y que se centrará en esa formación continua de los profesionales y donde se dará gran importancia a la elaboración de los informes, fase que ahora mismo no está regulada. La intención es que en la Comunitat Valenciana los peritos agrarios operen bajo una certificación AENOR como protocolo a seguir para uniformizar sus informes.

Según Olmo: “Cada vez existen marcos más estrictos que contribuyen a normalizar estos conflictos, de hecho, la reciente aprobación el pasado mes del Reglamento de la Ley de Suelo ayudará a regular las expropiaciones, pero como ningún marco legal es perfecto damos por hecho que se seguirán generando conflictos en los que los peritos agrícolas tengamos que ofrecer el mejor servicio a nuestros representados”.

La primera acción conjunta entre el COITAVC y la Asociación de Peritos tuvo lugar la pasada semana, con la organización de la mesa redonda ‘Informes periciales en el mundo rural’. A lo largo de los próximos meses está previsto que se convoquen nuevos cursos y acciones formativas para los peritos agrícolas de la Comunitat Valenciana.