AVA-ASAJA lamenta que la lentitud y dudas mostradas por el Go­­­­bier­no en la tramitación del proyecto de Ley de Medidas para Mejorar la Cadena Ali­­­­­­men­ta­ria ha­ya dejado a esta regulación en el ‘limbo’ legislativo. La ansiada nor­ma fue anun­­ciada a finales de 2009 y se­gún se advirtió su aprobación es­ta­ba pre­vista para el primer trimestre de 2011. Sin em­bargo y pese a tramitarse por la vía de urgencia, la nor­ma será uno de los más de 20 pro­yec­tos de ley que han quedado en sus­penso debido al ade­lanto elec­­­­­to­ral y a la disolución pre­matura de las Cortes Generales. “La en­tonces mi­nis­­­­tra, Ele­na Espinosa, pre­sentó esta ley como uno de los ejes de la legislatura pero su sucesora, Rosa Aguilar, la tras­tocó y le dio un nuevo giro. El sector la re­­­­cibió con agrado pero casi dos años des­pués, tras muchas indecisiones, una ley tan esencial para el campo podría aca­­bar por caer en el olvido”, ad­vierte el presidente de AVA-ASAJA, Cris­tóbal Aguado.

La citada regulación tenía por meta reequilibrar la relación de fuerzas en la ca­de­­­na de valor de los alimentos, mejorar su vertebración y funcionamiento con el uso de contratos agrarios así como apor­tar ma­­­yor trans­parencia al proceso de configuración de los precios. Tales avances, en la línea de lo reivindicado por esta or­ga­ni­zación para así afianzar al eslabón más débil de esta cadena, que es el agricultor, tenían que complementarse con la inclusión en tal norma de una re­fe­rencia al Código de Buenas Prácticas Comerciales, en el que también se lleva trabajando sin ningún resultado hasta el momento desde marzo de 2009. “Aspiramos a tratar de ga­rantizar algo tan aparentemente simple como que el consumidor pague por los alimentos un pre­cio ra­zonable que permita al productor cubrir sus costes”, explica Aguado.

Pero la anterior ministra, Elena Espinosa, quiso llegar con esta regulación más lejos y junto al ámbito de la cadena de valor de los ali­mentos quiso extender la norma a las cuestiones relacionadas con la calidad (de­no­mi­na­cio­nes de origen, indicaciones geográ­ficas, control de los alimentos y de los procesos…). Su departamento llegó a presentar y someter a consulta durante 2010 un anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria que finalmente fue retirado por la actual ti­tular de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, que acabó por sacar adelante un proyecto de ley circunscrito a las mencionadas medidas sobre la cadena alimentaria. “La falta de firmeza y cla­ridad de ideas acabó por provocar que al ministerio le sorprendiera el adelanto electoral decidido por Zapatero y al final quienes hemos perdido hemos vuelto a ser los agricultores” se lamenta Aguado quien contrasta tal actitud con la de Francia, que tardó mucho menos en aprobar una ambiciosa Ley de Modernización que, entre otras cosas, ya ha hecho obligatorios los contratos en el sector hortofrutícola y que ya ha propiciado un decreto para moderar los márgenes de la gran distribución en este sector.

Como se recordará, la agricultura mediterránea no ha tenido mejor suerte con la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) presentada la semana pasada por la Comisión Europea (CE). Efectivamente y pese a las promesas iniciales del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, la propuesta se limita a mencionar, sin concreción ni desarrollo alguno, al­gu­nos de los posibles instrumentos para atenuar los “abusos” que la propia CE admitió que se producían en el mercado alimentario. Así las cosas, AVA-ASAJA confía en que la Con­se­lle­ria de Agricultura concluya pronto el Código de Buenas Prácticas de Contratación y Co­mer­cialización en el que también trabaja y que éste sirva, entre otras cosas, para premiar a aque­llos operadores que usen el contrato de compraventa propuesto por Intercitrus.