José Manuel de las Heras, Coordinador Estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha denunciado el encarecimiento de los costes sociales en la contratación de los asalariados agrarios en España después de que el Congreso de los Diputados aprobara el pasado 19 de julio el proyecto de ley por el que se procede a integrar el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) en el Régimen General, lo que supondrá el encarecimiento progresivo (entre 2012 y 2031) en términos constantes, de las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios desde un 35,5% para los trabajadores fijos hasta un 105,7% para los trabajadores eventuales. En este sentido, destacar que el encarecimiento real de cada año incorporará además todas las posibles mejoras futuras en los salarios mensuales trabajadores fijos y eventuales que se fijen en los convenios del campo.

La Unión de Uniones continuará defendiendo unos costes sociales a cargo de los empleadores que sean asumibles por parte de los agricultores profesionales y que favorezcan la desaparición de la contratación ilegal, ante la delicada situación económica del sector agrario, aunque hasta ahora lo hemos defendido en solitario, ya que el resto de organizaciones profesionales agrarias estatales ni siquiera mostraron su disconformidad en el Consejo Económico y Social por este hecho, ni han sugerido enmiendas al respecto a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. El proyecto de ley aprobado el pasado martes, ahora ya se encuentra en tramitación en el Senado. La Unión recuerda que los cambios impuestos por este proyecto de ley, han contado con los votos a favor del PSOE, y la abstención del PP.

La organización quiere también poner de manifiesto que este proyecto de ley viene avalado por un acuerdo social suscrito, entre otros, por la CEOE, de la que forma parte ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), y la UGT, de la que forma parte UPA (Unión de Pequeños Agricultores). En concreto, respecto a los trabajadores fijos, el incremento irá desde un mínimo de 69,81 euros anuales que se pagaban en 2009 hasta 713,64 euros anuales en el año 2031 (a precios del año 2011), y en cuanto los trabajadores eventuales de un mínimo de 164,01 euros anuales en 2009 hasta 1.984,11 euros anuales en el año 2031 (a precios del año 2011). A juicio de La Unión, esto es especialmente perjudicial para las pequeñas y medianas explotaciones, que en general no suelen tener personal fijo, y sin embargo sí necesitan en ocasiones recurrir a la contratación de personal temporal.