FIAB -la patronal del sector de la alimentación y bebidas-, ACES, ANGED, ASEDAS- representantes de la distribución-, La Confederación Española del Comercio (CEC), Ecovidrio y Ecoembes- los actuales sistemas de gestión de residuos-, denuncian los graves efectos sobre consumidores, comercios e industria que tendría la posible implantación del Sistema de Depósito Devolución y Retorno (SDDR), en las condiciones que contempla el actual proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. El citado proyecto, que será votado mañana en el Senado, da la opción al Gobierno de implantar este sistema de reciclaje sin más condición que un estudio de viabilidad, lo que excluye a todos los sectores afectados – comerciantes, distribución, industria envasadora y recicladores- de la posibilidad de decidir sobre una cuestión que les afecta directamente por ser los responsables de su financiación y gestión.

FIAB, ACES, ANGED, ASEDAS, CEC, Ecovidrio y Ecoembes, exigen que el SDDR sólo se contemple como alternativa en aquellos casos en que se estuviera incumpliendo los objetivos de reciclaje de envases fijados por la Unión Europea, niveles que en el caso de España se superan. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en 2008 España recicló el 59% de los envases. Esta cifra ha venido aumentando año tras año.

Según el redactado del proyecto de ley ahora en tramitación, ya no serían las empresas las encargadas de elegir el sistema de reciclado con el que cumplir la ley, sino que el Gobierno tendría la total potestad para implantar el SDDR por decreto. En tal caso, el Ejecutivo solo tendría que remitir a las Cortes Generales unos informes preceptivos de
viabilidad, cuya finalidad podría estar sujeta a otros intereses, alejados de los objetivos medioambientales, fijados por la UE, que persiguen los sistemas de gestión de envases.

Si se decidiera su implantación, las empresas envasadoras de alimentos y bebidas se verían gravemente afectadas, ya que tendrían que hacer frente a un doble gasto de logística e infraestructura y doble gasto en la gestión de unos envases que, actualmente, los SIGs de Ecoembes y Ecovidrio ya gestionan de manera eficiente.

Cabe destacar que el SDDR sólo afectaría a los envases de bebidas de plástico, metales y vidrio y que estos sólo supondrían el 25% de todos los envases gestionados hoy por Ecoembes y Ecovidrio.

Por otra parte, la distribución y, concretamente, los autoservicios y supermercados ven inasumible la puesta en marcha de este sistema, que conllevaría la implantación en España de alrededor de 20.000 máquinas para la devolución de envases, con un precio unitario estimado en 20.000 euros, lo que implicaría un desembolso cercano a los 400 millones de euros, sólo para comprar las máquinas. A esta inversión inicial habría que sumar el coste de otras infraestructuras complementarias -cintas trasportadoras, máquinas compactadoras de envases, plantas de conteo-, o el lucro cesante por la pérdida de espacio para venta o almacén.

Por su parte, el pequeño y mediano comercio, ya en una situación difícil no podría hacer frente a las altas inversiones económicas de gestión y de personal que requiere la puesta en marcha y posterior operación el nuevo sistema. Más de 80.000 establecimientos no disponen de espacio suficiente para la instalación de las máquinas y de las zonas de almacenamiento y manipulación que exige el nuevo sistema, lo que les obligaría a implementar un sistema manual con costes importantes en mano de obra, espacio de almacenamiento y transporte, entre otros.

Los consumidores también se verán afectados por esta medida ya que el SDDR es un sistema de reciclado de envases 8,5 veces más caro que el actual. Los ciudadanos tendrán que abonar un depósito por cada envase, que sólo se recuperará si lo devuelve al comercio en perfecto estado de limpieza y conservación (como sucede en otros países europeos).

Según el estudio realizado por Sismega, se estima que la inversión necesaria para implantar el SDDR alcanzaría los 465 millones de euros, a lo que habría que añadir un coste anual neto de gestión de 570 millones de euros. Este esfuerzo, en el mejor de los escenarios de recuperación de envases por el SDDR, supondría apenas un incremento del 2% sobre la tasa de reciclado actual.