Los días 26 y 27 de marzo, sábado y domingo, la productora KRO (cadena católica de televisión) de la cadena NL2,
emitió un programa que decía informar sobre la situación de los trabajadores de los invernaderos agrícolas de la
provincia de Almería. El reportaje, que dice ser consecuencia de la carta de un ciudadano holandés residente en
Almería, recoge una serie de imágenes y declaraciones sobre la situación de algunos inmigrantes ilegales que,
supuestamente, trabajarían de forma irregular y con salarios muy bajos en las explotaciones hortícolas almerienses, según publica el Boletín Exterior del MARM.

En el reportaje, las principales cadenas de comercialización que operan en Países Bajos, Albert Heijn, C1000, Lidl,
eran preguntadas sobre el origen de las hortalizas que ofrecen y queda claro que la procedencia española tiene un
gran peso, pues, como el propio reportaje dice, la exportación española alcanza 450 millones de € anuales. El
reportaje trata de llevar al ánimo del espectador que el único elemento que interesa a estos comerciantes es el precio
y que, por más que hagan publicidad sobre la sostenibilidad de los productos que venden, están lejos de comprobar
las condiciones de trabajo de la mano de obra que los ha producido.

Asimismo, realizan una entrevista a un dirigente de la Organización BSCI, que avala el cumplimiento de los requisitos
sociales en la producción, a la que están adheridas las empresas de distribución y comercialización, para minimizar el
valor de estos avales, toda vez que advierten previamente de sus visitas a los lugares de producción, en los que
comprueban el cumplimiento de los requisitos, previamente a la concesión del certificado correspondiente.

Por último, para cerrar el círculo, los horticultores holandeses, productores de tomate, pepino y pimiento, son
preguntados sobre la competencia española, que reconocen la más fuerte y contra la que, si bien pueden competir en
calidad, no lo pueden hacer en precio, ya que el clima español permite economizar en gastos de calefacción e
iluminación, a lo que se uniría esta utilización ilegal de mano de obra a bajo costo, aprovechando la difícil situación de
los inmigrantes clandestinos.

El reportaje finaliza poniendo el problema en manos del Ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura e Innovación
para que, a través de su Consejera en la Embajada de Holanda en Madrid, actúe ante las autoridades españolas a fin
de que una situación como la que plantean sea subsanada.

Lo expuesto anteriormente, es una síntesis de un largo programa en el que ha ido apareciendo sucesivas entrevistas
con un gran número de agricultores españoles, los cuales niegan contratar mano de obra irregular, entre otros motivos,
por el alto riesgo de ser sancionados por la Junta de Andalucía. También se realizaron entrevistas con inmigrantes que
dijeron trabajar en los invernaderos de forma más o menos esporádica.

La respuesta de la Embajada de España, a la que se ha dirigido el citado Ministerio de Asuntos Económicos,
Agricultura e Innovación, en solicitud de una aclaración, ha sido contundente. La Embajada ha negado la existencia
generalizada de este tipo de hechos en la región productora de Almería y ha asegurado que, en el caso de que alguno
de los hechos denunciados fueran cierto, se trataría de un caso puntual, localizado en el espacio y en el tiempo, ya
que la producción hortícola almeriense se apoya en una mano de obra absolutamente regular, con contratos legales y condiciones de seguridad social perfectamente homologables. Además, ha insistido en las graves sanciones que se
impondrían en el caso de descubrirse irregularidades como las que pretende presentar el reportaje, como los propios
agricultores almerienses exponen reiteradamente. Se ha hecho hincapié en el carácter europeo y generalizado del
problema de la inmigración ilegal y de cómo afecta a gran número de países de la Unión Europea, entre los que
también se encuentra Holanda.