La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha reclamado en Bruselas que la nueva Política Agrícola Común (PAC) refuerce y actualice los sistemas de regulación de mercado que ya existen para afrontar situaciones de crisis de precios. En concreto, ha incidido en la necesidad de vincular estos mecanismos, entre los que se encuentra el almacenamiento privado del aceite, a los costes reales de producción.

Aguilera ha justificado su petición en que uno de los déficits de la PAC actual es que los precios de referencia para la activación de estas herramientas de gestión no están actualizados, “por lo que nunca pueden dar una respuesta eficaz a una pérdida de renta de los productores”, ha explicado la consejera durante la entrevista que ha mantenido con George Haussler, jefe de gabinete del comisario europeo de Agricultura Dacian Ciolos.

Del mismo modo, la consejera de Agricultura ha explicado que para el Gobierno andaluz es prioritario que la PAC que entrará en vigor en 2014 no elimine los mecanismos de gestión de mercado, ya que son herramientas capaces de evitar la inflación derivada de precios de alimentos excesivamente altos y de eludir la especulación que ha surgido en el mercado mundial de materias primas.

Aguilera ha entregado a las autoridades comunitarias un amplio informe en el que además se recoge la necesidad de ampliar el almacenamiento privado a nuevos productos, así como complementar los mecanismos de gestión ya existentes con otros nuevos, como la creación de reservas estratégicas nacionales que supongan retirar del mercado una parte de la producción en situaciones de crisis grave.

En cuanto a la financiación de las herramientas para afrontar las situaciones de crisis, la titular de Agricultura ha insistido en que deben ser sufragadas con fondos comunitarios al 100% (actualmente son cofinanciadas) y que, en ningún caso, deben afectar a la cantidad que percibe un agricultor a través de las ayudas directas.

Asimismo, la consejera ha aprovechado esta reunión para presentar un informe completo sobre los efectos que tendría la aplicación de la tasa plana en Andalucía, en el que se destaca que el establecimiento de una tasa por igual para todos los cultivos tendría consecuencias negativas para la región, aparte de ir contra las prioridades que defiende el Gobierno andaluz para la reforma de la PAC. Aguilera ha explicado que Andalucía se opone a un sistema que suponga pagar lo mismo a todos los cultivos y defiende, en su lugar, que se tengan en cuenta las características específicas de cada uno de ellos.

Reequilibrar la cadena alimentaria

Junto con las propuestas para estabilizar la parte de la renta agraria que depende de las ayudas comunitarias, el informe andaluz también recoge otra serie de medidas dirigidas a equilibrar los ingresos que provienen del mercado, y que en Andalucía pueden llegar a representar entre el 60% y el 80% de la renta agraria total, según cultivos. Así, Aguilera ha explicado en Bruselas que es necesario garantizar el buen funcionamiento de la cadena alimentaria con una serie de estrategias que además tendrían coste cero para la PAC.

Definir un marco reglamentario que fomente las buenas prácticas comerciales y prohíba las prácticas abusivas (descuentos, plazos de pago, venta a pérdidas) o crear un marco legislativo comunitario que contemple la comercialización a través de la venta directa, la venta en canales cortos y la transformación artesanal son algunas de las propuestas que en este sentido recoge el documento andaluz.

Por último, también se ha relacionado la proliferación de normas privadas de calidad con el incremento de poder dentro del mercado de la distribución en perjuicio de los productores. Mantener un sistema europeo de normas de comercialización es la propuesta que el Gobierno andaluz lanza a las autoridades comunitarias para que la nueva PAC contribuya a mejorar la capacidad de negociación de los productores frente a la gran distribución.

En cuanto a los acuerdos comerciales con países terceros, Aguilera ha vuelto a recordar en Bruselas que es necesario exigir reciprocidad, de forma que los productos importados estén sometidos a exigencias equivalentes a las comunitarias en materia medioambiental, social, de calidad y de seguridad alimentaria.