Hace unos meses teníamos a nuestra región patas arriba defendiendo, desde un provincianismo corto de miras, el control local de las cajas de ahorro, el nombre ligado al territorio, y amarrando el centro de toma de decisiones por encima de cualquier opción de reestructuración del sistema que pudiera ser una apuesta de presente y futuro. Los localismos más exacerbados llegaron de la mano de dirigentes de los principales partidos políticos, de las patronales empresariales y de los sindicatos de clase. Y a estos es a los que hay que recordar, poniendo si es necesario nombres y apellidos, que son los responsables del fracaso de la creación de una gran caja de ahorros de Castilla y León que, de no poder continuar tampoco en solitario, hubiera podido pilotar otras fusiones o alianzas desde una postura de liderazgo que de verdad permitiera ventajas para el desarrollo económico y social de Castilla y León.

Después de una espantada en la que cada caja hizo lo que los políticos de la provincia estimaron conveniente, vino el Gobierno y a golpe de decreto no ha dejado títere con cabeza. En definitiva, la nueva regulación del sistema financiero persigue a muy corto plazo, tan corto como que es de meses, que todas las cajas de ahorro se transformen en bancos y que, para una mayor capitalización, den entrada a inversores privados en un porcentaje que, aunque no establecido por ley, se apunta que será como mínimo del 25 por ciento. Las cajas de Castilla y León, las más díscolas y las más disciplinadas con lo que quería el Gobierno regional, estarán todas dentro de unas semanas formando parte de un banco junto con cajas de otras regiones de España y teniendo como socios a fondos de inversión que vendrán a hacer el agosto, pues ya se da por descontado que los futuros inversores valorarán las cajas de ahorro al 50 por ciento de su valor contable. Así las cosas, será difícil hacer valer los intereses económicos y sociales de una región en un banco en el que el peso regional, en el mejor de los casos, no sobrepasará el 20 por ciento del capital, y posiblemente tampoco del negocio. Esto va a llevar al más absoluto de los desafectos por parte de los clientes, que ya no verán en ese banco seña de identidad alguna que le atraiga y le fidelice. Poco se podrá esperar del reparto de dividendos para nutrir lo que quede de la Obra Social, pues los beneficios tendrán que esperar algunos años, después habrá que destinar la mayor parte a recapitalizar a la empresa y por último se repartirá en proporción al capital que se representa, que será cada vez menor.

El Gobierno ha legislado para cargarse las cajas de ahorro y lo ha hecho con la complicidad de muchas fuerzas políticas y sociales y hasta con la complicidad de unos clientes que, un tanto hartos del trato recibido en los últimos años, les han perdido todo el afecto. Ahora, con unos bancos de nombre en muchos casos impronunciable, con domicilio social en Madrid, y unos gestores bien pagados que van a lo suyo, uno tiene la sensación que nos han quitado una parte de nuestro patrimonio común y que en una segunda reestructuración se olvidarán del todo de nosotros, de nuestros sectores productivos y de nuestros pueblos. Lo siguiente será el cierre de sucursales del medio rural, unas sucursales que son hoy día lo único atractivo e interesante que nos queda de aquellas cajas de ahorro.