Ante la comunicación que ha hecho la Comisión Europea en el día de ayer sobre la nueva Política Agraria Común, la Federación Agroalimentaria de UGT hace una valoración positiva, ya que por primera vez recoge como uno de los ejes fundamentales de la misma el empleo. Considera que la ley acierta con las medidas que promueven la formación y la conservación del medio ambiente. No obstante también reclama un caracter más social de la misma, así como alguna medida para la lucha contra la siniestralidad laboral.

Jesús García Zamora ha afirmado en sus últimas declaraciones que es un paso muy positivo que se priorice la generación de empleo a partir de la nueva PAC. Esta prioridad está muy relacionada con el modelo distribución de ayudas, que establece unos límites con un efecto corrector que evita que las grandes empresas acaparen todas las subvenciones. «Valoramos positivamente que la ayuda apoye a las pequeñas y medianas empresas, que son quienes realmente generan empleo en este sector», explica el Secretario General de la Federación Agroalimentaria de UGT. «Hay que tener valorar además que en esta nueva PAC apueste por fin por una formación de calidad para los trabajadores y trabajadoras del sector».

La distribución de fondos destinados a la Política Agraria Común se dividen en dos pilares: Uno dedicado al pago de los agricultores, a los subsidios de exportación y a la intervención de mercados, y un segundo pilar destinado al desarrollo rural, y a la conservación del medio ambiente. Zamora considera que «es positivo que se mantengan los dos pilares, implicándose en el mantenimiento y la conservación del medio ambiente».

El Secretario General de la organización considera que es necesario que en el proceso de negociación que se abre tras esta comunicación de la Comisión Europea, se puedan retomar aquellos instrumentos que tenían la función de regular el mercado y que ya habían sufrido un proceso de desregularización. De igual modo espera que se trabaje en la cadena de valor por un reparto justo de la riqueza y donde no sean los agricultores los más perjudicados dentro de la cadena.

No obstante la Federación Agroalimentaria resalta algunas cuestiones que no están contempladas en la Política Agraria Común y que no se deben olvidar, como es la prevención de riesgos laborales, ya que en el sector agrario el índice de siniestralidad laboral sigue siendo muy alto, y asegurar una mayor protección social para los trabajadores y trabajadoras.»Deseamos que aquellos que dedican su vida a trabajar en el campo no se vean obligados a jubilarse con las pensiones más bajas o con las peores prestaciones de la Seguridad Social. Es necesario que en un sector estratégico como el nuestro, se consiga la calidad en el empleo y unas condiciones económicas, laborales y sociales que permitan a los trabajadores y trabajadoras vivir dignamente», reclama García Zamora.