Los agricultores y agricultoras de la Unión Europea somos los productores del mundo que más requisitos medioambientales, laborales y sociales hemos de cumplir. Y estamos orgullosos de ello. Estamos orgullosos de que nuestras frutas y hortalizas puedan considerarse como las más seguras del mundo desde el punto de vista sanitario y las más responsables desde el punto de vista de la seguridad y salud de los trabajadores de las explotaciones y del impacto sobre el medio ambiente. Además nos esforzamos inagotablemente por continuar en ese camino de reducción del uso de fitosanitarios y mejora de la calidad, como concepto global, de los productos que ofrecemos a los consumidores.

Sin embargo, de orgullo no podemos vivir. Nuestras explotaciones no se mantienen a base de satisfacción y buenas palabras, sino por rentabilidad económica. Es por ello que, si cuando nuestras producciones se dirigen al mercado europeo, tienen que competir con importaciones de terceros países que no cumplen las mismas condiciones de producción, por muy orgullosos que estemos, nuestra rentabilidad se ve afectada y las garantías para los consumidores vulneradas. No competimos en igualdad de condiciones. Si además dichas importaciones han ingresado en el mercado comunitario sin cumplir los requisitos aduaneros establecidos, en cuanto a contingentes, precios de entrada, etc, los agricultores tenemos que hacer frente a una competencia desleal y el contribuyente europeo deja de percibir los ingresos aduaneros correspondientes.

Por ello, existe la imperiosa necesidad de que la UE refuerce los controles aduaneros, en su vertiente recaudatoria y en la fitosanitaria, para evitar el fraude y la entrada de producto que no cumpla con la normativa comunitaria. Ya es hora de que el sistema de precios de entrada sea eficaz y no un coladero para las importaciones.

Por otro lado, COAG viene reclamando la introducción de criterios y cláusulas en los correspondientes acuerdos comerciales con países terceros que permitan verificar el impacto de la apertura comercial para ambas partes, especialmente con el objeto de comprobar el cumplimiento del fin último de la política exterior comunitaria: que se produzcan avances en materia de respeto al medioambiente, en los derechos laborales y –sobre todo- en el desarrollo económico y social de la población local y por tanto, no sólo de las grandes corporaciones locales o extranjeras. En este sentido, resulta imprescindible condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia sociolaboral, ambiental y sanitaria, en beneficio de la seguridad alimentaria y de los consumidores europeos, pero también para lograr la mejora de las condiciones de vida y trabajo en los terceros países.