El PSOE pide en el Congreso una mayor protección de los productores frente a los distribuidores alimentarios

El Congreso de los Diputados ha aprobado mediante una enmienda transaccional a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, una Proposición no de Ley que busca mejorar las relaciones entre los productores del sector alimentario y los distribuidores. En el texto aprobado se pide al Gobierno “estudiar las asimetrías entre las partes y los desequilibrios entre los agentes de la cadena de distribución y su impacto en el mercado y en los consumidores” y, además, “Impulsar la elaboración de códigos de buenas prácticas entre los agentes de las diferentes cadenas de valor que persigan el equilibrio de las relaciones comerciales, la búsqueda permanente de la eficiencia y la mejora de la competitividad en su conjunto.”.

La diputada socialista, Ana Chacón ha recordado que la reivindicación principales de los productores es que se acabe con el desequilibrio de precios de producción y de venta, y ha recordado las reivindicaciones de las organizaciones agraria, que piden equilibrar la capacidad de negociación de la cadena alimentaria, sobre todo en la parte productora. Chacón ha explicado que el Gobierno ya tiene preparado el Proyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria, en el que se contempla que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino “promoverá la elaboración de un Código de Buenas Prácticas Comerciales en la Cadena Alimentaria”. Además, ha recordado que en marzo de 2009 “se constituyó un grupo de trabajo, integrado por más de 30 entidades y asociaciones, para el estudio de este Código. Su principal objetivo es promover las buenas prácticas comerciales entre todos los agentes de la cadena de valor, desde la producción al consumo”. Además, Chacón se ha referido a las actuaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, entre ellas la Ley de Comercio Minorista, que incorporó “el plazo de pago general de 60 días sin posibilidad de pacto entre las partes, al objeto de reducir los aplazamientos de pago de las grandes empresas respecto a sus proveedores (en especial pequeñas y medianas empresas) y con la finalidad de evitar prácticas abusivas por parte de las grandes empresas”.