La `Alianza por la Unidad del Campo´, que conforman las organizaciones COAG y UPA, valoran muy positivamente la entrada en vigor a partir de hoy mismo de la Ley de Morosidad gracias a su publicación en el BOE y después de que lo aprobara el Congreso de los Diputados el pasado 17 de junio.

La norma recoge prácticamente todas las propuestas que durante 3 meses especialmente ambas organizaciones han ido presentando y defendiendo ante los distintos grupos parlamentarios.

Finalmente se ha eliminado la cláusula “salvo pacto entre las partes” solicitada por el sector para lograr una reforma estructural del tejido productivo y defender los intereses de las PYMES y de los autónomos. Durante el proceso de negociación ha quedado claro el desequilibrio existente en las relaciones comerciales entre empresas de algunos sectores, como el agroalimentario.

Con la nueva Ley, el plazo de pago para los productos frescos será de 30 días y de aplicación inmediata. Sin embargo, para el resto de productos se ha acordado un calendario progresivo de aplicación, hasta el punto de no retorno de 2013.
En España los plazos de pago real, que alcanzan los 101 días en operaciones comerciales entre empresas privadas y los 154 días en las relaciones comerciales con la Administración, duplican los plazos de pago de países como Alemania, Gran Bretaña y Francia y triplica y cuadriplica con respecto a países como Dinamarca o Suecia, lo que repercute muy negativamente en nuestra competitividad.

Además, fruto del trabajo de la unidad de acción de las organizaciones representativas a nivel nacional junto a Cooperativas Agro-alimentarias, se ha modificado el cómputo del plazo de pago, que a partir de ahora será desde la entrega de la mercancía y no desde la emisión de la factura. A ello se suma la obligatoriedad de documentar la operación de entrega y recepción.

Otra de las modificaciones más llamativas de la reforma de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales es la obligación de estipular en las cuentas anuales el plazo medio de pago a los proveedores. Esta imposición supondrá que cualquiera podrá saber fácilmente si la empresa con la que va a contratar cumple los plazos de pago que estipula la ley o si, por el contrario, es morosa.

La `Alianza por la Unidad del Campo´ insta a nuestra Comunidad Autónoma a través de la Junta de Castilla y León a que haga un esfuerzo adicional para garantizar el control y la aplicación efectiva de la nueva normativa.