El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la entrada en vigor de la nueva Ley de Morosidad, una normativa que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, con un periodo de adaptación en ambos casos que se extenderá hasta 2013.

La nueva Ley evitará que los pagos se dilaten debido al pacto entre las partes. Para facilitar la adaptación a esta nueva situación, se permitirá una reducción escalonada de los plazos, hasta el punto de no retorno de 2013. Así, las empresas deberán pagar las facturas a sus proveedores en no más de 85 días desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011, en un plazo 75 días en 2012 y de 60 días, definitivamente, desde 2013, año. Para ello se modificará la Ley de Contratos del Sector Público.

Conscientes de que los impagos son una de las principales causas de cierre para microempresas y autónomos, la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas lleva solicitando desde 2008 una revisión a la obligatoriedad de las microempresas de atenerse a acuerdos con Administraciones Públicas y Grandes Empresas que les hacían depender de ‘un acuerdo entre las partes’ para dilatar el pago a sus facturas pendientes. Dichas facturas en muchos casos aún continúan sin cobrarse, con la consiguiente deuda generada en la contabilidad de miles de microempresas y autónomos de nuestro país.

La nueva Ley de Morosidad, según explica el Presidente de CONAE, Salvador García Torrico, servirá para “que autónomos y microempresas recuperen lo invertido por el cobro de las facturas pendientes. Asimismo facilitará para ayudarles a depender menos del crédito”. “En CONAE estamos convencidos de que con medidas como ésta se evita la dependencia del crédito y se ayuda a autónomos y microempresas a que recuperen lo invertido, mejorando así su liquidez y reduciendo su dependencia de financiación ajena”, concluye el Presidente de CONAE.