Esta semana celebramos un lamentable aniversario, el de la derogación del trasvase del Ebro por parte del actual Gobierno de la nación. Este hecho se produjo el 17 de junio de 2004, en un momento en el que las obras ya llevaban varios meses en ejecución. Desde entonces, sólo hemos visto una letanía de promesas incumplidas y un acoso continuo contra el sector primario y todos los agricultores en general.

En primer lugar, se garantizó que la Comunidad Valenciana recibiría 400 hectómetros cúbicos anuales, pero sólo hemos ganado 26 al año. Todavía recuerdo como la entonces ministra Cristina Narbona nos repetía una y otra vez el lema ‘más agua, más rápido y más barata’. ¡Menuda sandez! Nos quiso tratar como a tontos y hemos podido comprobar que, como esperábamos, ha ocurrido todo lo contrario, lo poco que nos llega, también nos lo quieren quitar.

El presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda, no se ha calmado con la retirada de su cruel Estatuto antitrasvase. No se ha querido dar cuenta de que no tiene la razón o esconde intereses demasiado poderosos como para abandonar su particular guerra del agua. Además de generar conflictos y un gran malestar entre los ciudadanos de distintas autonomías, ha llegado incluso a recurrir al Tribunal Supremo para dividir la del Segura. Así conseguiría más poder en la gestión del agua al ganar peso en los órganos de gobierno de la Confederación. Si lo consigue, corremos un gran peligro, ya que podría verse seriamente perjudicado el reparto de caudales del Trasvase Tajo-Segura.

Pero todo no termina aquí. El señor Barreda todavía va mucho más allá y ha impulsado un borrador del Plan del Júcar que postula una pérdida de 30.000 hectáreas de superficie de cultivo en la provincia.¿Qué quiere, que Alicante se convierta en un desierto? A este presidente le pierde la ambición, pero ya le adelantamos que esta vez tampoco se saldrá con la suya. Aún así, deberían exigirle responsabilidades porque no deja de atentar contra nuestro territorio y nuestros intereses. Su partido debería pararle los pies y mediar en este escabroso asunto que sólo puede degenerar en más conflictos entre autonomías.

En vez de dedicarse a generar puestos de trabajo, que es lo que su autonomía necesita, está inmerso en un sinfín de amenazas y coacciones continúas contra los agricultores alicantinos. ¡Y todo por un puñado de votos! Tanto Cospedal como Barreda han creado unos intereses ficticios entre la población de Castilla La Mancha, que lleva más de tres décadas acostumbrada a ceder una pequeña parte de sus caudales. No dejan de protagonizar bulos y lanzar globos sonda para amedrentarnos. Al fin y al cabo, está jugando con los sentimientos, el empleo y el desarrollo económico y social de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

Además, obvia muchas cuestiones básicas. La Constitución ya dictamina que los ríos y cuencas pertenecen al conjunto de los españoles y no sólo a las localidades o autonomías por las que discurre o nace. Además, están empecinados en imponer las falsas aspiraciones creadas de casi dos millones de habitantes, frente a los derechos al agua de más de 6 millones de valencianos, alicantinos y murcianos. También obvian a conciencia que la ley del trasvase ya garantiza que primero se saciarán las necesidades de Castilla La Mancha. No creo que lo haga por ignorancia, si no más bien por el interés de lucrarse. Y ya lo están haciendo bastante, no creen? Les daré una simple prueba para que lo confirmen. En 2009 el agua trasvasada del Tajo-Segura se pagaba a 0,09 pesetas/hm2 y ahora ya se cotiza a 0,22 hm2, casi el triple de costo en sólo dos años. ¿Qué más pueden pedir?