En el segundo eje analizado, se trata de las personas titulares de explotaciones agrarias inscritas en el censo electoral a cámaras agrarias. En las Terres de l’Ebre, encontramos 4.120 personas electoras censadas, de las cuales 1.264 son mujeres, cifra que representa un 30,68%. Esta datos constatan, si las relacionamos con el eje anterior, que aumenta el nivel de mujeres titulares de explotaciones que se encuentren inscritas en el censo electoral a cámaras agrarias.

A nivel comarcal, la Ribera d’Ebre es la comarca que tiene un porcentaje más elevado de mujeres titulares de explotaciones censadas (37,32%). Algunos municipios de esta comarca tienen los resultados de mujeres titulares censadas más destacados. Es el caso de Vinebre (73,33%), Ginestar (51,52%) y Ascó (48,48%). Por otra parte, los pueblos con un porcentaje menor de mujeres titulares son las localidades de Flix en la Ribera d’Ebre (18,75%) y Alcanar el Montsià (18,98%).

El tercer eje de estudio analiza la composición de las entidades agrarias de las cuatro comarcas, es decir, de las cooperativas agrícolas y las SAT, y sus respectivas juntas directivas. Observando los resultados generales en las Tierras del Ebro se puede ver la existencia de 12.306 personas socias de las diferentes entidades, de las cuales 4.213 son mujeres y, por tanto, representan un 34,24%. El principal desequilibrio se encuentra al analizar la composición de las juntas. En este caso, de 452 miembros sólo 32 son mujeres y representan un 7,08%.

Analizando el ámbito comarcal, vemos que la Ribera d’Ebre es la comarca con más proporción de mujeres socias (39%) pero, al mismo tiempo, resulta ser la que tiene menos representación de mujeres en las juntas de las entidades (5, 83%). Por otra parte, la comarca con más representación de mujeres en las juntas es el Baix Ebre con un 8,85%.

En relación con las entidades con mayor representación de mujeres destaca la Cooperativa Agrícola la Ginesta de Ginestar (Ribera d’Ebre) que cuenta con un 60,61% de socias y es de las pocas entidades donde las mujeres superan el 50% de las personas socias. La Cooperativa Agrícola de Ulldecona es la única entidad totalmente equitativa con un 50% de socias. Hay que comentar también el Grupo olivarero de Ulldecona donde las mujeres representan un 62,5%, aunque el número total de personas socias es bastante reducido (8) y se podría considerar como una excepción. Salvo estas tres entidades agrarias, la mayoría del resto quedan lejos del 50%

Finalmente, el cuarto eje, relacionado con los socios y las socias afiliadas a los sindicatos agrarios (los cuales se disponía de información), se puede observar que los porcentajes guardan una correlación con las medias de los anteriores ejes estudiados, excepto el sindicato JARC que tiene una implementación más reciente en el territorio y, por tanto, no dispone de tantas personas afiliadas. URAPAC-UPA, con una base más consolidada, dispone de un porcentaje de mujeres afiliadas del 29,41%. Así pues, el grado de participación de las mujeres en este sindicato resulta más equitativo.

En conclusión, los resultados del estudio constatan una presencia y una participación de la mujer baja, pero más o menos homogénea en todo el territorio. La desigualdad más relevante que se ha observado se sitúa en la participación de la mujer en los organismos con poder de decisión de las entidades agrarias, es decir, en las juntas directivas de las cooperativas y las sociedades agrarias de transformación (SAT), donde existe una gran cantidad de entidades sin ninguna mujer que forme parte, a pesar de que el porcentaje de estas como titulares de explotaciones agrarias es de un 25% y el porcentaje de socias de las cooperativas y de las SAT es de un 34%.

Por otro lado, también se ha hecho evidente la desigualdad en las mujeres titulares de explotaciones agrarias que, al mismo tiempo, son productoras (jefes de explotación). El hecho de no llegar al 50% de la equidad de género en la mayoría de esos estudiados, deja entrever un mundo rural donde todavía falta un grado importante de consolidación de las políticas públicas dirigidas a corregir las tendencias que provocan la desigualdad.