LA UNIÓ y el Partido Popular de la Comunitat Valenciana coincidieron ayer en la necesidad de modificar la tipificación de los robos en el campo, dentro del proceso de reforma del Código Penal que se debate en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

Así lo han puesto de manifiesto los secretarios generales autonómicos del PP y LA UNIÓ; Antonio Clemente y Josep Botella, respectivamente, en el transcurso de una reunión celebrada esta mañana por una delegación de ambas entidades. En la reunión estaban también presentes por parte de LA UNIÓ su vicesecretario general, Miquel Oltra y el miembro de la Comisión Ejecutiva, Luis Javier Navarro y por parte del PP-CV su vicesecretario de Organización, David Serra y el portavoz de la Comisión de Agricultura de les Corts, Fernando Giner.

LA UNIÓ y el PP-CV ven necesario que se cambie la actual tipificación del delito de hurto incluido en el artículo 234 del Código Penal para evitar la situación de indefensión de los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana ante la creciente oleada de robos que sufren. En este sentido, demandan rebajar de 400 a 100 euros la cuantía de lo sustraído para que la acción tenga la consideración y el castigo de delito de hurto.

LA UNIÓ denuncia que la mayoría de los robos de cosechas, pozos y motores de riego, cobre, etc., que se cometen en el campo son considerados por el Código Penal como una mera falta de hurto que sólo se castiga con una pequeña multa. Para que la sustracción en el campo merezca la consideración de delito de hurto, castigado con penas de prisión de uno a tres años, el valor de lo sustraído tendría que superar la cantidad de 400 euros. Por tanto, se pueden robar varias toneladas de productos agrícolas o el cobre de los motores de riego para al final quedar impunes tras pagar una pequeña multa administrativa, o ni tan siquiera eso. El Código Penal tampoco castiga la reincidencia en el campo y de este modo se pueden cometer varios robos en un breve plazo de tiempo y ser tipificados no obstante sólo como una falta siempre que la cuantía económica no supere esa cantidad de 400 euros.

LA UNIÓ y el Partido Popular de la CV también han coincidido en demandar a las autoridades de la Unión Europea un mayor control y vigilancia de las importaciones de productos agrarios procedentes de países terceros, así como reclamar el mismo grado de requisitos y cumplimiento en materia de calidad, trazabilidad, productos fitosanitarios, etc., que las que se exigen a las producciones europeas y valencianas.

LA UNIÓ señala que la agricultura valenciana apuesta por la competencia en los mercados pero en igualdad de condiciones, no con el desequilibrio actual a pesar de tener en teoría con una preferencia comunitaria que deja mucho que desear.