La Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha procedido a la formalización de convenios con 23 entidades financieras implantadas en la Comunidad de Castilla y León, para aplicar una medida de refinanciación de la deuda del sector agrario que afecta a la ganadería regional.

La formalización de los convenios se extiende a las siguientes entidades financieras: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Sabadell, Banco Español de Crédito, Banco Popular, Banco Santander Central Hispano, Barclays Bank, Caja de Ahorros de Ávila, Caja de Ahorros de Galicia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Circulo Católico de Obreros de Burgos, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Caja de Burgos, Caja Duero, Caja España de Inversiones, Caja Rural de Burgos, Caja Rural de Fuentepelayo, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Segovia, Caja Rural de Soria, Caja Rural de Zamora, Cajamar Caja Rural, Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja.

La firma de los convenios materializa una medida especialmente importante, dirigida a reducir la presión financiera que está afectando al sector agrario en general, y en especial al subsector ganadero, restándole actividad económica. A este respecto, hay que tener en cuenta que en Castilla y León hay 9.909 ganaderos que contrajeron en el año 2008 préstamos para financiar gastos corrientes en las explotaciones, fundamentalmente piensos, por el elevado incremento de las materias primas que se produjo en 2007. El importe total de los préstamos formalizados en Castilla y León alcanza el valor de 196.324.850 euros.

En esta línea de préstamos, que se aprobó en el territorio nacional con subvenciones para los intereses y costes de los avales por la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, tuvo una importante implicación la Consejería de Agricultura y Ganadería, que consiguió en 2008 un acuerdo sin precedentes con las entidades financieras, ofreciendo finalmente al sector ganadero de Castilla y León, de una manera inmediata:

• por una parte, las mejores condiciones de intereses en los préstamos de toda España, y

• por otra, un incremento en las subvenciones de intereses a cargo de la Junta de Castilla y León, que llegó a financiarlos hasta el extremo que en el sector del ovino, el que presentaba mayores problemas, el ganadero no tendrá que abonar cantidad alguna por este concepto durante todo el periodo del préstamo.

La duración de estos préstamos se estableció en cinco años, por lo tanto finalizará su amortización en el año 2013, y cuentan con un año de carencia, el 2009, primer año del préstamo.

El resultado de esta medida supuso una aportación total de subvención de 26,25 millones de euros, de los cuales 17,15 millones de euros corresponden a la Junta de Castilla y León, el 65%, y el resto 9,10 millones de euros los aporta la Administración del Estado.

El importante apoyo diferenciado de la Consejería de Agricultura y Ganadería en esta línea de préstamo ha conseguido que los beneficios de estos créditos se concentren en Castilla y León, que cuenta prácticamente con el 56% de todos los créditos concedidos en España para esta línea.

La situación actual, con problemas generalizados en toda la actividad económica y un recrudecimiento en la situación financiera del sector agrario y alimentario, incitó al Presidente Herrera a demandar al Gobierno de la Nación la puesta en marcha de un Plan de Choque económico para este sector. Esta demanda se materializó el 10 de diciembre de 2009 con una “Posición Común con las Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla y León” en la que se incluyó medidas para la refinanciación de la deuda.

Las negociaciones de la Consejería de Agricultura y Ganadería con la Administración del Estado, para la aplicación del citado Plan y especialmente para la refinanciación de la deuda, han conseguido finalmente el pasado 3 de marzo, modificar las condiciones de los préstamos de los ganaderos contraídos en 2008, ampliando la duración de los préstamos y las moratorias respecto a las previsiones del Gobierno de la Nación. En concreto, se ha conseguido:

• ampliar la duración de los préstamos de cinco a siete años,

• ampliar la moratoria de amortización de capital de un año a tres, permitiendo de esta forma que durante los años 2010 y 2011 los ganaderos afectados por estos créditos no tengan que afrontar los pagos de las amortizaciones de capital previstos,

• ampliar las subvenciones de intereses y avales a todo el nuevo periodo de vigencia, en los mismos términos que para el periodo inicial.

La Consejera, Silvia Clemente, ha anunciado además que la materialización de este compromiso para refinanciar la deuda contraída y aliviar la presión financiera en el sector, tan importante para los ganaderos de Castilla y León, ha requerido un importante apoyo económico de la Comunidad ya que los costes para la Administración de la financiación de los intereses al pasar la duración de los préstamos de cinco a siete años y la moratoria de la amortización de capital de uno a tres años finalmente alcanzarán un valor de 41,2 millones de euros, de los cuales 26,9 millones de euros serán financiados por la Junta de Castilla y León, y el resto, 14,3 millones de euros se aportarán por la Administración del Estado.

En definitiva la Junta de Castilla y León incorporará de sus presupuestos 9,8 millones de euros más para la refinanciación de esta deuda, ya que su aportación definitivamente pasa de 17,1 a 26,9 millones de euros.

El importante esfuerzo público es totalmente necesario en estos momentos, ha recalcado la Consejera, ya que con esta medida los 9.909 ganaderos afectados de Castilla y León no tendrán que pagar a las entidades financieras entre este año y el que viene un importe de 98 millones de euros, correspondiente a la amortización parcial que correspondía afrontar con las condiciones iniciales.

El efecto de esta medida será además inmediato, se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, la Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería que posibilita incorporar estos beneficios a las condiciones de los préstamos. Esta semana cada uno de los 9.909 ganaderos afectados recibirá una resolución de la Consejería de Agricultura y Ganadería adaptando el reconocimiento al derecho a préstamo preferencial bonificado a las nuevas condiciones.

Con esta resolución, los ganaderos podrán dirigirse a las oficinas bancarias en las que tienen sus préstamos para formalizar las correspondientes modificaciones. Este procedimiento especial, que evita la petición previa a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la modificación, facilitará enormemente la puesta en marcha de la actuación, ha destacado la Consejera, Silvia Clemente.

La Consejera ha anunciado también que la medida se incluye dentro del Plan de actuaciones específicas que la Junta de Castilla y León va a dirigir al sector agrario y alimentario. Ha recordado, que en el contexto de dificultad financiera, el Gobierno de Castilla y León va a destinar un presupuesto de 678 millones de euros en 2010 para este sector, con un crecimiento del 0,2% respecto al ejercicio 2009. Este presupuesto se va a incrementar próximamente con 29,6 millones de euros más con motivo de la modificación del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León aprobada recientemente por la Comisión Europea, en consecuencia el presupuesto para el sector agrario y alimentario contará definitivamente con un crecimiento del 4,6% respecto al ejercicio pasado.

Nuevas medidas que apoyen la situación financiera se pondrán en marcha en breve plazo de tiempo, ha adelantado la Consejera, fruto del compromiso del Gobierno regional con este sector estratégico y tan necesario para el desarrollo de las áreas rurales de la Comunidad.

La Consejera ha aprovechado la ocasión para demandar la aplicación en España del incremento del límite temporal individual de 15.000 euros por explotación, aprobado por la Comisión Europea, para permitir extender a todos los agricultores afectados por la deuda el acogerse a las ventajas de esta medida.

Por otra parte, ha insistido en que las medidas de refinanciación de la deuda no deben considerarse de forma aislada, es necesario complementarlas con mejoras en los costes de producción, especialmente hay que reducir la carga de las nuevas tarifas eléctricas en el sector agrario que han incrementado el coste de los regadíos desde la aprobación del Real Decreto 661/2007, y con medidas fiscales que tengan en cuenta la producción agrícola y ganadera por igual.