La Asamblea Nacional de Francia está ahora debatiendo el proyecto de Ley de Modernización de la Agricultura, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de enero. El objetivo primordial de esta Ley es la alimentación. Busca que se produzcan alimentos en cantidades suficientes y de manera sostenible. La política agraria tiene que concebirse como una política alimentaria, que no solo afecte a los agricultores y ganaderos sino al conjunto de la sociedad, ya que tiene que estar involucrada toda la cadena productiva, incluidos los consumidores. Dicha política tiene que ser capaz de producir alimentos en cantidades suficientes, de manera sostenible y a precios razonables.

Para cumplir este objetivo es preciso que los productores sean más competitivos y que tengan ingresos más estables. Para ello, el proyecto de Ley recoge la posibilidad de contratos obligatorios entre el productor y el siguiente eslabón de la cadena, con una duración mínima de 1 a 5 años, con cláusulas de volumen, condiciones de entrega y determinación de precio. La falta de contrato escrito y la ausencia de una o varia cláusulas obligatorias podría conducir a sanciones de hasta 75.000 €. Se contaría con una lista de productos que tendrían que estar sujetos a estos contratos. Dicha lista tendría que estar elaborada antes del 1 de enero de 2013.

El proyecto de Ley también modifica el código de comercio, regulando la publicidad de los precios promocionales de las frutas y hortalizas fuera del lugar de venta. Establece que salvo en el caso de los graneles, será obligatorio un contrato de compra escrito y previo al anuncio del precio promocional. Asimismo prohíbe la política de descuentos y rebajas en los períodos de crisis o de precios excepcionalmente bajos.

Aunque ya existen en Francia observatorios de precios para algunos productos promovidos por el Ministerio de Agricultura, el proyecto de Ley instaura de forma permanente un observatorio de formación de precios y márgenes que proporcione estudios de costes y de estado de la producción.

En cuanto a las interprofesionales, el proyecto de ley clarifica en que casos y en que condiciones se pueden llegar a acuerdos dentro del seno de las mismas.

Además, el proyecto de Ley fomenta las organizaciones de productores, que deben tener transferencia de propiedad y estar bien dimensionadas.

Asimismo, crea un Fondo nacional de riesgos que sustituye al actual fondo nacional de garantía de calamidades climáticas. El nuevo Fondo tendría dos secciones: una de cobertura de riesgos sanitarios y medioambientales y otro de calamidades climáticas.

Otros de los objetivos del proyecto de Ley es definir el estatus del agricultor-empresario, inscribir a la agricultura y la silvicultura en el desarrollo sostenible de los territorios, con el objetivo de reducir a la mitad la tasa anual de utilización de tierras agrícolas en 2020 y fomentar el desarrollo de la acuicultura.

El texto del proyecto de Ley se puede consultar en el siguiente vinculo: