La `Alianza por la Unidad del Campo´, que conforman UPA y COAG, lamenta que después de la denuncia realizada hace seis meses por la venta de leche francesa en un centro de `Carrefour´ en Valladolid como si fuera de Castilla y León, aún hoy no se nos ha informado del estado del expediente abierto como consecuencia de este presunto fraude.

El pasado 27 de mayo solicitamos al director de la Agencia de Protección Civil y Consumo de la Junta de Castilla y León en un escrito que emprendiera actuaciones contundentes contra unas prácticas que vulneraban los intereses de los consumidores y de los propios ganaderos de Castilla y León. Tras una reunión con el director de dicho organismo, Luis Aznar, se nos confirmó que se actuaría de inmediato y que tendríamos cumplida información al personarnos como organización agraria en representación de los ganaderos castellanoleoneses afectados.

A día de hoy nada sabemos de la actuación del Gobierno regional, a pesar de la gravedad de la denuncia pública referida a publicidad engañosa y venta en una gran cadena comercial como `Carrefour´, que bajo el amparo de `Producto de Castilla y León´, comercializó durante al menos 19 días en sus lineales leche procedente de Francia, tal y como figuraba en los envases.

COAG y UPA lamentan que con hechos como el denunciado se vuelve a poner de manifiesto el amparo con el que cuenta la Distribución por parte del Gobierno regional. En primer lugar por permitir a lo largo de 19 días, desde el 12 al 31 de mayo de 2009, comercializar leche de importación francesa, como producto de nuestra tierra. En segundo lugar por el mutismo absoluto del expediente abierto en su día por este presunto fraude, que hubiese requerido actuaciones inmediatas y ejemplarizantes, por parte de la Consejería de agricultura en actuaciones `antifraude´.

La `Alianza por la Unidad del Campo´ exige información al respecto y solicita después de seis meses de silencio absoluto que haya máximo rigor y actuaciones contundentes desde el punto de vista legal y sancionador contra quien actuó al margen de la normativa vigente que vela por los derechos de los consumidores. En este sentido volvemos a reiterar que la Junta llegue hasta las últimas consecuencias contra las cadenas de distribución que atentan contra los intereses económicos del sector agrícola y ganadero de Castilla y León.

Después de estos hechos, UPA y COAG lamentan enormemente que el Gobierno regional se niegue a constituir un Observatorio de Precios, que no solo vigile los precios sino también la identificación de los productos. De no actuar en esta línea, entenderíamos que presuntos fraudes o prácticas poco éticas estarían amparadas como ha ocurrido en el caso denunciado.