La Unión, organización estatal en la que se integra la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), denuncia que en un contexto de crisis como la actual, en que la renta agraria disminuyó en el año 2009 un 4,7% respecto al año 2007, acumulando un descenso del 26% los últimos 5 años, los presupuestos generales del Estado no aseguran la inversión necesaria para que el sector agrario pueda salir de la crisis que sufre, consecuencia del descenso de los precios percibidos por los agricultores y el incremento de los costes de producción -en un solo año los precios de los piensos incrementaron un 17,1%, la energía y lubricantes un 22,5% y los fertilizantes y enmiendas un 65,7%-.

Así, el Proyecto de Ley, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino debería contar con partidas de los presupuestos generales del Estado destinadas a las medidas de desarrollo rural incluidas en los planes europeos con financiación del FEADER (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural) por valor de 536,13 millones de euros, pero las partidas destinadas a estas medidas sólo suman 154,4 millones de euros, es decir, sólo dispone en el presupuesto del 30% de los recursos comprometidos.

De acuerdo con los repartos de los fondos de Desarrollo Rural, establecidos en las Conferencias Sectoriales de Agricultura de 11 de diciembre de 2006 y de 20 de abril de 2009, la Administración General del Estado debería tener previsto aportar el año 2010 a las comunidades autónomas para sus diecisiete Programas de Desarrollo Rural (PDR) la cantidad de 518,5 millones de euros, más la financiación prevista para la Red Rural Nacional de 17,65 millones de euros.

Esta falta de presupuesto pone en peligro un conjunto de medidas de desarrollo rural que se tenían que llevar a cabo junto con la colaboración de las comunidades autónomas de hasta 1658,5 millones de euros. Así, se pueden ver perjudicadas las inversiones en las explotaciones agrarias, la incorporación de jóvenes al sector, la transformación y comercialización de los productos agrarios, la promoción de los productos de calidad y origen certificados, las medidas agroambientales, las indemnizaciones de zonas desfavorecidas y de montaña, y la diversificación de las actividades agrarias.

En este sentido, el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2010 tampoco incluye ninguna medida fiscal para ajustar la fiscalidad de las explotaciones agrarias afectadas por el continuo encarecimiento de los costes de producción, ni tiene prevista la devolución del impuesto de hidrocarburos desde el 1 de enero de 2009 al 31 diciembre de 2009, ni la creación del gasóleo profesional para el año 2010.

La Unión ha propuesto un paquete de medidas fiscales en el IRPF, el impuesto de sociedades, en el IVA y en los impuestos que gravan las transmisiones patrimoniales para hacer frente a la crisis del sector.

Esta Organización encuentra inaceptable el incremento injustificado de los costes sociales de los trabajadores por cuenta ajena fijos, hasta un tercio más, y de los trabajadores por cuenta ajena eventuales, hasta el 29,8%.

El sindicato también ha propuesto a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados un conjunto de enmiendas dirigidas a limitar el encarecimiento de las cotizaciones sociales de los profesionales del sector agrario al 3% del 2008 al 2010, pero sin que esta limitación suponga una pérdida respeto a la protección social de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS).