La Comisión Delegada de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha acordado esta mañana, tras una reunión celebrada en Madrid, recurrir ante la Audiencia Nacional la Resolución emitida el pasado 14 de octubre por la Comisión Nacional de Competencia (CNC).

En el transcurso de la reunión, el Secretario General de la FIAB, Jorge Jordana, aunque entendía que los actos realizados por la Federación en este asunto, ni conculcaban el derecho de la competencia, ni pretendían conculcarlo, puso su cargo a disposición de la Comisión Delegada,
por ser el responsable ejecutivo de la misma y único responsable de lo que pudo haber pasado.
La Comisión Delegada de la Federación demostró su apoyo, no admitiéndose la dimisión
presentada.

Este órgano ejecutivo sigue sosteniendo que las actuaciones llevadas a cabo por esta Federación no pueden encajar en el concepto de una recomendación colectiva prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia y que la decisión contenida en la resolución de la CNC es contraria a derecho y limitativa de derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución.

También ha mostrado su preocupación por la inseguridad jurídica ante la que se encuentran
en este momento las organizaciones representativas del sector agroalimentario, solicitando de
los Poderes Públicos y de los representantes de los grupos políticos, que se tomen las medidas
legales necesarias para garantizar con claridad el marco de actuación de las organizaciones
sociales. La Comisión Delegada de la Federación demostró su apoyo, no admitiéndose la dimisión presentada.

Este órgano ejecutivo sigue sosteniendo que las actuaciones llevadas a cabo por esta Federación no pueden encajar en el concepto de una recomendación colectiva prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia y que la decisión contenida en la resolución de la CNC es
contraria a derecho y limitativa de derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución.

También ha mostrado su preocupación por la inseguridad jurídica ante la que se encuentran
en este momento las organizaciones representativas del sector agroalimentario, solicitando de
los Poderes Públicos y de los representantes de los grupos políticos, que se tomen las medidas
legales necesarias para garantizar con claridad el marco de actuación de las organizaciones
sociales.