España, al igual que otros Estados miembros de la Unión Europea, comparte la preocupación respecto a la situación biológica de la población de atún rojo. Esta preocupación no es reciente ya que desde hace muchos años España ha venido solicitando la adopción y aplicación estricta de medidas de conservación y gestión que garanticen la explotación sostenible y viabilidad socioeconómica de la pesquería que también incluya un comercio responsable. Así, desde la década de los años 90, España adoptó la zona de protección pesquera en el Mar Mediterráneo con el objetivo de limitar la actividad de los buques de terceros países en las aguas internacionales y salvaguardar algunas de las zonas de puesta. Al mismo tiempo, España congeló su capacidad pesquera de la flota cerquera industrial limitando su número a 6 buques.

En la línea anterior, ante el incremento incontrolado de la actividad pesquera de algunas flotas de terceros países, España solicitó en la reunión anual de la CICAA (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlantico, ICCAT en su denominación en inglés), en noviembre de 2005, en Sevilla, la adopción de un Plan de Recuperación que garantizase la recuperación de la población de atún rojo, permitiendo la explotación pesquera y su comercio responsable por medio del documento estadístico de control de exportación – importación.

Como consecuencia de las peticiones de España, la Comisión Europea – representando los intereses de los Estados miembros – encabezó en el seno de la CICAA la adopción del citado Plan de recuperación que finalmente se aprobó por las Partes contratantes en el año 2006, en la reunión anual de Dubrovnik.

En este sentido, España ha adoptado una serie de medidas que van más allá del mínimo requerido por las propias Normas, Comunitaria e Internacional en la materia, quedando patente el máximo interés por parte de la Administración española en vigilar y seguir de cerca el estricto cumplimiento en esta materia. Además de la limitación del número de buques de cerco y la liberación de atunes enjaulados en granjas españolas, la Administración española promulgó en el año 2008 una Orden Ministerial en la cuál se estableció el reparto de cuota individualizado entre todas las unidades pesqueras que participan en la pesca de este recurso así como el etiquetado individual de todos los ejemplares capturados, entre otras medidas.

Asimismo, se está impulsando y participando en la realización de proyectos científicos que ayuden a conocer mejor la situación real del stock, comportamientos migratorios, reproducción, cuyos primeros resultados podrían ser presentados durante la próxima reunión del comité científico de la CICAA.

Todas estas acciones han sido puestas en marcha porque desde el Gobierno de España se comparte plenamente la preocupación manifestado por otros países y colegas europeos en cuanto a la importancia de conservar este preciado recurso, que como se ha mostrado anteriormente tiene una gran repercusión socio-económica en nuestro país

En el momento actual, teniendo presente que el Plan se ha aplicado satisfactoriamente durante las campañas pesqueras de 2008 y 2009, parece conveniente, como dice la propia Comisión, esperar a conocer los resultados de los últimos informes científicos que verán la luz en octubre de 2009, y serán a su vez analizados por las Partes durante la reunión anual de la CICAA en noviembre de 2009, como paso previo a la adopción de otras medidas de conservación, como podría ser el establecimiento de una prohibición de captura temporal y condicionada.

En línea de lo expresado por el Comisario de Pesca y Asuntos Marítimos, el Comisario Borg, España apoya la línea de trabajo abierta en el seno de la CICAA siempre que la misma garantice una explotación sostenible y duradera de la pesquería de atún rojo, evitando la adopción de medidas comerciales desproporcionadas que conllevan un impacto socioeconómico injustificado.

Asimismo, si los resultados de las evaluaciones científicas del año 2009, aconsejasen la necesidad de adoptar medidas de control comercial como las que se proponen en el Apéndice II de CITES, España podría trabajar en esta línea, máxime teniendo en cuenta que en breve se aprobará el Reglamento del Consejo que establece un programa de documentación de captura necesaria para controlar la comercialización del atún rojo.