El 30 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por la que se reconoce y regula la indicación geográfica <>, para los vinos con derecho a la mención tradicional <>.

La Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente Municio, ha declarado que este reconocimiento es idéntico al que estableció la Orden del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 27 de julio de 2006, que fue impugnada con un recurso contencioso-administrativo que presentó la Junta de Castilla y León y una denuncia de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ante la Comisión Europea, por perjudicar los intereses del sector en Castilla y León. Como consecuencia de estas actuaciones, la Orden ministerial del año 2006 fue jurídicamente anulada.

Las pretensiones que actualmente tiene el Gobierno de la nación en la nueva Orden del Ministerio, que dirige Elena Espinosa Mangano, publicada el 30 de julio en el Boletín Oficial del Estado, son idénticas a las planteadas en el año 2006.

En esencia, se crea una indicación geográfica para sólo una parte del territorio vitivinícola español identificándola con el término <>, actuación completamente artificial ya que las indicaciones geográficas vitivinícolas deben estar claramente asociadas con territorios delimitados en los que se dan unas condiciones homogéneas de producción y elaboración.

Los efectos de la utilización de esta indicación van a ser:

• Una clara confusión para el consumidor, en el territorio nacional y en los mercados exteriores, que asociará el vino procedente de esta indicación con un vino procedente de las regiones vitivinícolas españolas. Lejos de la realidad ya que hay regiones españolas productoras de vino no incluidas en ella.

• Una imagen muy dispar de la calidad de los vinos españoles, de cara al consumidor, fruto del amplio territorio vitícola del que procede y de las diferentes calidades producidas.

• Un desplazamiento del consumo hacia estos vinos debido a que el término “España” es más conocido por el consumidor general que cualquier otra denominación geográfica local. Como el consumo no se incrementa, la puesta en el mercado de estos productos necesariamente sustituirá a otros que ya se consumían.

En consecuencia, esta indicación creada artificialmente y que favorece a determinadas regiones españolas con exceso de producción y reducida calidad, perjudicará la venta de los vinos castellanos y leoneses que responden a unos buenos cánones de calidad, fruto de años de tradición en producción y elaboración.

A este respecto, hay que tener en cuenta que el sector vitivinícola de Castilla y León es uno de los más importantes dentro de la industria agroalimentaria regional. Desde el punto de vista productivo Castilla y León con 75.000 hectáreas de viñedo es la cuarta región española en superficie y cuenta con una industria de transformación con más de 500 bodegas y un volumen de ventas que supera los 440 millones de euros al año, el 6,2% de la facturación agroalimentaria regional.

La producción vinícola de Castilla y León es además el tercer subsector en volumen de inversión, 57 millones de euros al año que supone el 11% de la inversión alimentaría regional, y uno de los más activos a nivel de exportación alcanzando 98 millones de euros de facturación al año.

Además de estos datos, ya de por sí relevantes, la política de la Junta de Castilla y León en este sector tiene una clara orientación hacia la calidad, identificando las características intrínsecas de las diferentes zonas de producción de sus caldos, de forma que el 72% de la superficie vitícola regional esta identificada con un reconocimiento específico.

El resultado del trabajo realizado con el sector productor y transformador ha llevado al reconocimiento de 9 Denominaciones de Origen (Bierzo, Cigales, Ribera de Duero, Toro, Arribes, Arlanza, Tierras de León y Tierra del Vino de Zamora), dos menciones de calidad (Valles de Benavente y Valtiendas) y una mención de vinos de mesa para todo su territorio (Vino de la Tierra de Castilla y León).

La valoración de los efectos de esta Orden ministerial en Castilla y León y el perjuicio que causará en la economía de la región, especialmente en las zonas rurales donde está asentado el sector vitivinícola, ha motivado que nuevamente la Junta de Castilla y León tenga que impugnar ante los tribunales esta actuación del Gobierno de la nación.