La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-Andalucía) considera que la sentencia de la Audiencia Nacional que ratifica la condena que el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia (actual Comisión Nacional de la Competencia) impuso en 2007 a Eroski, Dia, El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, El Árbol y Mercadona, demuestra que la gran distribución pacta los precios del aceite del oliva con el consiguiente perjuicio para los olivareros y los consumidores.

La Audiencia Nacional considera probado que la gran distribución pactó entre sí y con el Grupo SOS el precio de venta de las marcas de aceite de esta firma en los lineales de las diferentes superficies comerciales, lo que vulneraría las leyes básicas de Competencia.

UPA-Andalucía considera que es muy positivo que los tribunales condenen a las empresas “que no juegan limpio” y subraya que “poco a poco se está demostrando que las firmas comerciales cometen atropellos flagrantes de la legislación vigente e incurren en irregularidades en la venta de productos básicos de la cesta de la compra como es el caso del aceite de oliva aunque también de la leche y un largo etcétera de producciones agroalimentarias”.

En este sentido, el Secretario General de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, ha reiterado la petición de la Organización Agraria a la Comisión Europea para que investigue la política abusiva que practican las grandes superficies con el aceite de oliva, puesto que “lo utilizan como producto reclamo y venden incluso a pérdidas, lo que ha arrastrado al sector, unos de los pilares básicos del sector agrario y agroalimentario andaluz, a precios en origen por debajo incluso de costes de producción sumiendo al sector olivarero andaluz en una crisis de bajos precios en origen sin precedentes, que se cuantifica ya en más de 320 millones de Euros en esta campaña para los olivaros andaluces .

UPA-Andalucía reitera, en este contexto, la necesidad de poner en marchar reformas legislativas como la Ley de Interprofesión, contratos-tipo, implantación de un código de buenas prácticas, apoyo a la organización de la oferta y la promoción para erradicar estas prácticas abusivas de las grandes superficies, puesto que las sanciones son ridículas frente a los beneficios en cuenta de resultados como consecuencia de estas prácticas abusivas.