La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) solicitó hoy a la Junta de Andalucía que amplíe el plazo de información pública del Anteproyecto de la Ley de Aguas andaluza, con el fin de disponer de más tiempo para analizar y consensuar determinados aspectos del texto, por considerar que no respeta los principios firmados en el Acuerdo Andaluz del Agua ni se ajusta a la legislación vigente.

Fenacore estima que el período de quince días otorgado por el Gobierno andaluz para presentar alegaciones al anteproyecto -la Consejería de Medio Ambiente lo hizo público el pasado día 17 de abril- es «insuficiente» para generar un debate profundo y alcanzar un consenso entre todos los sectores implicados, ya que aunque los cambios que necesita el texto legal «no son demasiados, sí son sustanciales para garantizar una mejor gestión del agua y un regadío más eficiente y competitivo».

La Federación estima que el anteproyecto andaluz no define correctamente el papel de los usuarios en la gestión y definición de la política hidráulica. En este sentido, Fenacore acepta que se confiera una mayor participación a otros colectivos como consumidores, amas de casa o ecologistas, pero rechaza que se realice «a costa» de los principales titulares de la concesión del agua (regantes, hidroeléctricas, abastecimiento), cuando la Ley de Aguas estatal «deja muy claro» que sólo pueden ser considerados usuarios los titulares de una concesión.

La Federación de Regantes considera que con este planteamiento, en lugar de alcanzar mayores niveles de «democracia», se desarrolla una ley «excesivamente intervencionista y paternalista» que resta autonomía a los usuarios y confiere mayor protagonismo a la Administración Autonómica en la gestión del agua.

Los principios de participación de usuarios y de unidad de cuenca hidrográfica, suprimidos

Asimismo, la supresión del principio de participación de los usuarios en la gestión y planificación del agua es otro de los aspectos que «ha defraudado profundamente» a Fenacore, ya que si bien el Acuerdo Andaluz por el Agua hacía un reconocimiento explícito al «papel fundamental» de las comunidades de regantes dentro de la política hídrica nacional, el anteproyecto omite cualquier referencia al respecto.

El texto legal tampoco reconoce la cuenca hidrográfica como unidad de gestión del agua sino que acata el modelo provincial de la administración andaluza. En este sentido, los regantes recuerdan que esta «territorialización» deriva en un modelo autonómico «insolidario» y en auténticas «guerras del agua» -primero, entre comunidades autónomas; después, entre provincias y por último, entre usuarios-, propiciando la contaminación política de un recurso que es de todos los españoles y no del territorio que lo tiene más cerca.

En opinión de Fenacore, este nuevo modelo territorial colisiona con la Directiva Marco de Aguas (DMA) y la legislación nacional vigente, ya que las competencias en materia de planificación fluvial en cuencas intercomunitarias corresponden «única» y «exclusivamente» al Estado Central tal como recoge la Ley de Aguas y la Constitución española en sus artículos 149 y 45.2.

Según el presidente de la Federación Nacional de Regantes, Andrés del Campo, «si cada comunidad autónoma elabora su propia Ley de Aguas, el Plan Hidrológico Nacional se convertirá en una ‘Torre de Babel’ donde cada territorio busque hablar sólo su propio idioma, sin importar el de los demás, haciendo que los conflictos del agua sean cada vez más frecuentes».

Un nuevo canon de servicios

Fenacore reconoce que las mayores diferencias entre los objetivos firmados en el Acuerdo Andaluz por el Agua y el texto presentado por el Gobierno regional se reflejan en materia concesional e impositiva. En este sentido, el anteproyecto recoge la creación de un nuevo canon de servicios generales que proporciona cobertura legal a la Administración para modificar las cargas impositivas del regadío.

Así, denuncian que este canon «crea indefensión entre los ciudadanos», ya que permite «transformar en impuestos» todos los gastos derivados de la creación de los nuevos y múltiples órganos administrativos necesarios para gestionar el agua (direcciones generales, direcciones provinciales, Observatorio del Agua, etc.)

Por último, los regantes destacan que el texto propuesto por el Gobierno andaluz recurre «con frecuencia» al principio de recuperación de costes, pero, por el contrario, no realiza ninguna mención a las excepcionalidades que contempla la DMA en su artículo 9 para reducir el «posible afán recaudatorio» de las Administraciones y que afecta tanto a los usos agrarios como urbanos del agua.

FENACORE es una asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, creada en 1955, que agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el objetivo de aunar esfuerzos y voluntades en la defensa de sus legítimos intereses y derechos de uso del agua. En la actualidad, cuenta con numerosas entidades federadas de todas las provincias españolas, que suponen 700.000 regantes y alrededor de 2 millones de hectáreas, es decir, más del 50% del regadío nacional. FENACORE trabaja estrechamente con los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Además, es órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y vocal nato del Consejo Nacional del Agua. En el marco internacional, FENACORE es miembro fundador de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC), que representa en Bruselas a todos los países miembros.