Málaga, 8 de abril de 2009. Más de 22.000 olivareros malagueños se encuentran en la actualidad inmersos en una profunda crisis. Así lo asegura Baldomero Bellido, técnico de ASAJA Málaga, quien atisba en las campañas de promoción la única salida para que el sector levante cabeza y se incremente el consumo de aceite de oliva.

Málaga, con una superficie de 120.000 hectáreas de olivos y una producción media de 55.000 toneladas, comenzó a palpar la crisis del sector al final de la campaña del año pasado, fecha en la que se ya se podía apreciar un descenso de precios. “Tras años de sequía, las lluvias del pasado mayo garantizaron la cosecha del año siguiente, por lo que ante el previsible aumento de la producción comenzaron a bajar los precios”, recuerda el técnico de la asociación agraria.

Entonces el precio bajó a 2,30 euros y se mantuvo en esos niveles hasta mediados de septiembre. La crisis financiera que atraviesa el país provocó que el aceite almacenado en muchas almazaras saliera al mercado ante la falta de liquidez que padecían los agricultores. El efecto no se hizo esperar y desde entonces los precios cayeron en picado. En la actualidad se encuentran a 1,76 euros y se estima que una explotación deja de ser rentable por debajo de 2,20 euros.

Para sortear esta crisis, el sector ha solicitado auxilio a Bruselas, que le ha dado un nuevo revés. Ante esta circunstancia, el último recurso del sector es promocionar su consumo dentro y fuera de nuestras fronteras.

Qué es el almacenamiento privado. Ríos de tinta corren estos días sobre el almacenamiento privado del aceite, un término técnico que Baldomero Bellido explica: “Es un freno al descenso de precios, una medida a la que el sector recurre en situaciones desesperadas”.

El almacenamiento privado es una medida propuesta por el sector para evitar desplomes aún mayores de precios, es decir, se trata de que el productor deje parte de su producción sin vender a cambio de una reducida compensación económica con la que cubrir los gastos de dicho almacenamiento. Aunque la medida no es demasiado atractiva para el productor porque los precios no se revisan desde 1995 y, por tanto, no se adecuan a la realidad, es la única salida que le queda a un sector especialmente azotado por la crisis.

De esta forma, Bruselas pagaría una cantidad (que está sin estipular) al productor por cada mes que tenga su producción encerrada.

A pesar de que ASAJA ha solicitado a Bruselas la aplicación de esta medida como último recurso, la UE ha dado la espalda a los olivareros y ha desestimado la petición. “Antes del chequeo médico, el almacenamiento privado entraba en funcionamiento de manera automática si el precio de mercado durante tres semanas era inferior a 1,70 euros. Con la reforma del chequeo, la obligación pasa a ser una opción. Ahí está la clave. Ahora el sector lo solicita y Bruselas “puede o no puede” aceptarlo. En este caso ha sido denegado. Y no lo podemos comprender, era una buena forma de reducir el nivel de oferta disponible para adecuarla a la demanda”, apostilla Bellido.

Bruselas desestima el almacenamiento privado. El argumento esgrimido por la UE para rechazar la puesta en marcha de esta medida es que aún no se dan los niveles de precios establecidos en el reglamento pese a encontrarnos muy cerca de ellos. “Tampoco han tenido en cuenta la opción recogida en el reglamento de activar el mecanismo cuando “se dan graves perturbaciones de mercados”, una situación que se está dando actualmente con las ventas por debajo de los costes de producción”, manifiesta el técnico de ASAJA.

Medidas urgentes. El sector olivarero urge de medidas eficaces que le ayuden a salvar la situación. ASAJA Málaga propone:

– Que se modifique el reglamento de almacenamiento privado. Los precios actuales se aprobaron hace más de doce años y no tiene en cuenta los costes actuales de cultivo.

– Que se negocie con los distribuidores para que defiendan el sector, se fomente la calidad y se reduzca la presión a proveedores con contratos más estables y que se respeten las marcas.

– Que se tengan en cuenta las peculiaridades del sector agrario en la normativa nacional de Defensa de la Competencia.