Madrid, 13 de marzo 09. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que el Acuerdo para la subvención parcial de intereses de préstamos a través del ICO para el sector agroalimentario, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, es un traje a medida para las grandes corporaciones de la industria agroalimentaria que sólo sirve para financiar el proceso de concentración de las mismas. Para que las explotaciones agrarias puedan acceder a los préstamos subvencionados se exige que realicen inversiones pero, sin embargo, para las industrias agroalimentarias no se exige ninguno de estos requisitos, pudiendo beneficiarse de las ayudas las industrias de cualquier tamaño para financiar su capital circulante, aunque no realicen inversiones.

COAG considera que el gran problema de refinanciación de la deuda y falta de circulante en el sector agrario no se soluciona con un acuerdo con el ICO que obliga a las pequeñas y medianas explotaciones a realizar nuevas inversiones para poder acceder a préstamos bonificados. En la mayoría de los casos no hay liquidez suficiente para afrontar las deudas contraídas para afrontar meses de pérdidas como consecuencia de una situación de precios en origen por debajo de los costes de producción.

En ese sentido, desde esta organización se recuerda que históricamente este tipo de líneas de financiación a través del ICO sólo han servido para beneficiar el proceso de concentración de la industria, financiando su expansión internacional y su capacidad operativa, dentro de su estrategia de eliminar operadores en el mercado y aumentar su poder a la hora de imponer precios de ruina en el campo.

“No se puede publicitar este acuerdo de subvenciones de préstamos como un paquete de ayudas para el sector agrario porque la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos no se van a poder beneficiar de los mismos. El Gobierno tiene apostar de forma decidida por este sector estratégico, ya que el campo necesita otro tipo de medidas de mayor calado, tales como mecanismos de regulación de mercados y cambios en la Ley de Contratos o en las interprofesionales para que «se pague por los productos agrarios lo que valen, con precios que tengan en cuenta los costes de producción, ha argumentado Miguel López, Secretario General de COAG.