El senador nombrado por las Cortes de Castilla y León José Valín no es la persona más indicada para abordar el fondo y la forma de la futura Ley de Representatividad Agraria que se encuentra en fase parlamentaria. Si en algo se oscureció su mandato como consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, particularmente en la última etapa, fue en su relación con las organizaciones profesionales agrarias, en la interlocución con los legítimos representantes del sector. No llegó a entender el papel de las organizaciones profesionales en el diseño de la política agraria y contribuyó, y de qué manera, a enfrentar a las organizaciones entre sí y a éstas con las cooperativas. En su etapa, el equipo directivo de la consejería tenía en la peor consideración de las posibles a las organizaciones agrarias, se las ignoraba y se las ninguneaba.

José Valín, al que no vamos a negar sus méritos y su compromiso con el campo de Castilla y León, haría bien como parlamentario en no meterse en un tema en el que a nivel nacional hay consenso entre las tres organizaciones profesionales agrarias legalmente reconocidas. Yo tampoco comparto el contenido del proyecto de ley, pero sí lo comparte ASAJA nacional y por tanto lo asumo y respeto. El PP puede y debe presentar enmiendas en la fase parlamentaria que contribuyan a mejorar el marco de relaciones entras las administraciones y los representantes del sector agrario, pero haría mal si presenta enmiendas para favorecer a quienes fueron amigos de José Valín y hoy se encuentran en tierra de nadie buscando su identidad y su reconocimiento. El PP tiene que tener un criterio sobre la futura Ley de Representatividad Agraria al margen de lo que opina el senador Valín, quien sobre este tema tiene ciertos prejuicios y un ojo clínico poco fino.

La representatividad agraria a nivel nacional ni es satisfactoria ni va a serlo una vez se promulgue la ley, pues hay cuestiones de fondo que lo impiden y unas malas costumbres que a base de tiempo se han convertido en norma. Como contrapunto, en Castilla y León se consiguió en la etapa de García Monje promulgar una Ley de Cámaras Agrarias, que ha medido la representatividad con la absoluta objetividad que legitiman las urnas. Se ha resuelto el saber quiénes somos, pero no se ha resuelto satisfactoriamente el saber para qué servimos. La actual consejera de Agricultura, Silvia Clemente, no tardó en entender que había que recomponer la interlocución agraria, y va por buen camino, pero no podemos decir lo mismo del resto de departamentos del Gobierno regional. Para Juan Vicente Herrera, la interlocución empieza y acaba con los sindicatos de clase y la patronal empresarial, algo equivocado, pero quien manda, manda.

Valladolid, a 4 de marzo de 2009