Toledo, 17 de febrero de 2009.- Ante las conclusiones hechas públicas del estudio elaborado por la Universidad de Alicante que cifran en 10.000 millones de euros las indemnizaciones a que tendrían derecho la provincia de Alicante si se derogara el Tajo-Segura COAG-Iniciativa Rural de Castilla-La Mancha cifra en 9.700 millones de euros la cantidad que adeudaría la Comunidad Valencia a Castilla-La Mancha y a otras regiones como Madrid y Extremadura, que también son regiones cedentes. Este cálculo se basa en un estudio anterior también de la Universidad de Alicante, que cifraba en 300 millones de euros las compensaciones recibidas por las regiones cedentes entre los años 1986 y 2007.

La Universidad de Alicante, ha elaborado un estudio* sobre las consecuencias que tendría la derogación del Trasvase Tajo-Segura, promovido por la patronal Alicantina COEPA y la Fundación Agua y Progreso, cuya principal conclusión es que el Estado debería indemnizar a los sectores económicos de la provincia de Alicante con un montante de 10.000 millones de euros por las pérdidas económicas y el lucro cesante que les ocasionaría no contar con el recurso del agua del Trasvase. Dicho informe ha sido presentado a la opinión pública en el día de ayer (16/02/08) por el coordinador de la investigación, don Joaquín Melgarejo y el Conseller de Medio Ambiente de la Comunidad Valencia, don José Ramón García Antón.

La misma Universidad de Alicante, presentó en el mes de julio del pasado año otro estudio*, promovido igualmente por COEPA y la Fundación Agua y Progreso, que cuantificaba en 300 millones de euros las compensaciones que Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura habían percibido entre los años 1986 y 2007 por el agua que se ha transferido a través del Trasvase Tajo-Segura, durante esos años y que asciende a un volumen de 7.500 Hm3 desde el año 86 y a cerca de 10.000 Hm3 desde que el canal empezó a funcionar.

COAG-Iniciativa Rural de Castilla-La Mancha, sostiene que a la vista de las conclusiones de ambos informes, la Comunidad Valenciana debería abonar a Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura la diferencia entre los 300 millones de euros de compensación recibida por los trasvases y los 10.000 millones de euros en que cifran los beneficios económicos que está generando el agua del Trasvase en la provincial de Alicante.

COAG-Iniciativa Rural estima que estos informes reafirman la generosidad que las regiones y cuencas cedentes han tenido durante todos estos años con las cuencas beneficiarias del Trasvase y que realmente no se ha compensado mínimamente la capacidad de generación de riqueza, actividad económica y empleo que Castilla-La Mancha ha transferido junto con el agua desde que el Trasvase Tajo-Segura comenzó a enviar recursos al Levante. Igualmente la organización considera que se refuerzan los argumentos de que Castilla-La Mancha debe hacer cuanto esté en su mano para levantar la sangrante hipoteca que para el desarrollo de esta región supone el Trasvase Tajo-Segura y apoya la derogación del mismo en el 2015 con una reducción progresiva de los trasvases posibles que debe aprobarse modificando las actuales reglas de explotación.