Toledo, 24 de octubre de 2008.- En estos días determinados medios de comunicación han informado de acuerdos entre las principales formaciones políticas (Grupos Socialista y Popular) de las Cortes Generales para suprimir del borrador de Estatuto de Castilla-La Mancha la referencia a la caducidad del Trasvase Tajo-Segura en el 2015, al tiempo que se anuncia por parte del Gobierno de la Nación la posible ampliación de dicho trasvase con una nueva canalización que partiría desde el Tajo Medio. COAG-Iniciativa Rural considera que ambas cuestiones suponen un trato gravemente discriminatorio para con Castilla-La Mancha.

El anuncio, escasamente una semana después de su presentación en Cortes por el Presidente Barreda, de que existía ya un acuerdo de los dos grupos parlamentarios mayoritarios para mutilar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en relación a su referencia a la caducidad del Trasvase en el 2015, denota, en opinión de COAG-IR una falta de respeto a la voluntad legítima de los castellano-manchegos de que le sea reconocida la preferencia en la utilización de sus propios recursos para el progreso de esta región. Una falta de respeto que no han tenido que soportar en el mismo trámite, ni otros ciudadanos, ni otras regiones en cuyos Estatutos se aseguran exclusivamente en beneficio propio reservas intocables de sus recursos hídricos.

Por otro lado, el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, en declaraciones de sus máximos responsables, reconozca que está en estudio la ampliación del Trasvase al Segura mediante una nueva infraestructura que partiría del Tajo-Medio para abastecer las necesidades del Levante, demuestra el desigual tratamiento que el Gobierno de la Nación dispensa a Castilla-La Mancha. Este desigual tratamiento es patente en el incumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos presupuestarios con el Plan Especial del Alto Guadiana. Dicho Plan debería propiciar en los próximos años la restauración ambiental e hidrológica de la Cuenca Alta del Guadiana y el mantenimiento del desarrollo y el progreso económico de la zona en términos de sostenibilidad. En 2008 el PEAG –al margen de los programas que le son complementarios de Abastecimiento y Saneamiento, de Desarrollo económico y Social y de Modernización y Desarrollo Agrario- tendría que haber dispuesto de 150 millones de euros en adquisición de derechos de agua y medidas de acompañamiento y tener presupuestados otros 178 para el 2009. El Ministerio de Medio Ambiente no ha dedicado al PEAG durante el 2008 ni el 10 % de lo que estaba previsto, y en los presupuestos del 2009 aparecen menos de 40 millones de euros.

Frente a este incumplimiento de los compromisos del Gobierno de la Nación para con Castilla-La Mancha, se ponen ahora sobre la mesa nuevas inversiones en infraestructuras, a sumar a las ya realizadas y proyectadas por ejemplo en la instalación de desaladoras, para satisfacer con aportes externos a sus cuencas, las necesidades del Levante. Para Castilla-La Mancha constituye un agravio comparativo intolerable el que para las Cuencas de La Mancha la política hidráulica del Gobierno se oriente hacia la autogestión de sus recursos y al ajuste de la demanda y que para las Cuencas del Levante se planifiquen cuantas estructuras sean precisas para alimentar, con recursos externos y cada vez más lejanos, unas demandas crecientes, insostenibles y en apariencia insaciables.

COAG-Iniciativa Rural considera que ahora, que se están desarrollado los procesos de planificación hidrológica en todas las Cuencas, debe quedar absolutamente claro para todos si en esa planificación puede o debe incluirse la variable de los trasvases, que en cualquier caso debe ser una variable técnica a evaluar en todas las cuencas y no de forma discriminatoria en función de veleidades o conveniencias políticas.

COAG-Iniciativa Rural estima imprescindible que el Gobierno de Castilla-La Mancha se interese con la máxima solicitud y diligencia por este cambio en la orientación del Gobierno de la Nación en materia de trasvases y por las consecuencias de dicho cambio para la planificación hidrológica de la región.

Por último COAG-Iniciativa Rural, que ha valorado el PEAG como una positiva salida para la insostenible situación que padece la Cuenca Alta del Guadiana y sobre todo aliviar la de numerosos agricultores que en estos días están presentado las solicitudes para la regularización de sus extracciones, insiste en que se cumplan los compromisos presupuestarios asumidos por el Gobierno de la Nación con Castilla-La Mancha y que ascienden específicamente a un total de 3.000 millones de euros para ejecutar el Plan y otros 2.000 millones de euros para el Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua). Igualmente, la organización recuerda que a lo largo de todo el proceso de definición del PEAG, en el que COAG-IR ha participado muy activamente, siempre ha sostenido que debería incluirse en la planificación hidrológica de la zona la posibilidad de que en las condiciones adecuadas de necesidad y disponibilidad se hicieran a la Cuenca Alta del Guadiana aportes externos con el fin de acelerar la restauración de la zona, cumpliendo los plazos marcados por la Directiva Marco de Agua, y aliviar así también cuanto antes la presión sobre la actividad económica. En consecuencia, y salvo que estudios posteriores las revelaran como contrarias a los intereses de la región y de los agricultores de Castilla-La Mancha, COAG-IR no se manifestaría, en principio, en contra de ninguna iniciativa que supusiera aporte externos de agua al Alto Guadiana y una mejor y mayor utilización de los recursos hídricos de nuestra región prioritariamente frente a otras.