El sector de las Frutas y hortalizas ha estado pendiente en los últimos meses del proyecto de la Comisión Europea de derogar las normas comunitarias de comercialización de frutas y hortalizas.

En la recta final de esta discusión, CCAE quiere llamar la atención sobre las implicaciones que esta iniciativa tendría si saliera adelante. Más allá de las razones de fondo a favor del mantenimiento de esta regulación, las cooperativas agrarias españolas se preguntan sobre las formas: ¿conseguirá la Comisión adoptar una decisión, contraviniendo la opinión de consumidores, sector productor y la mayoría de dirigentes de Estados miembro? Y si es así ¿qué intereses mueven a “nuestra” Comisión Europea?

La propuesta de la Comisión

En el marco de la reforma de la Organización Común de Mercado de Frutas y Hortalizas (OCMFH), el Consejo de Ministros se emplazó en 2007 a trabajar en “una posible reducción de la lista de productos cubiertos por una norma de comercialización”. Pero en ningún caso se planteó la derogación masiva de los reglamentos vigentes, sino un ejercicio de evaluación y eventual “simplificación”.

Sin embargo, la Comisión ha ido mucho más allá, con el reglamento sobre las normas de comercialización que presentó a mediados de abril. En efecto, actualmente, se está barajando: la reducción drástica de la lista de productos que cuentan con norma específica (de las 36 normas en vigor, sólo quedarían 10), el establecimiento en su lugar de una “definición general de calidad” absolutamente inconsistente e insuficiente y -por si fuera poco- excepciones y margen de subsidiariedad, que acabarían de neutralizar las normas de comercialización.

Los detractores

Hasta ahora, la política de normalización comunitaria -amplia, concisa y especializada por productos- ha permitido a cada eslabón de la cadena alimentaria, asegurar la transparencia y la seguridad a las transacciones. Ha proporcionado unos parámetros homogéneos y objetivos que sirven para caracterizar el producto (en términos de calibre, peso, homogeneidad, etc.), asignar un precio a cada clase de manera clara y unívoca, garantizar una información correcta al consumidor y ayudar al equilibrio de los intercambios comerciales.

La Confederación de Cooperativas Agrarias de España se opone al desmantelamiento parcial o total de este marco normativo. Considera que su desaparición perjudicaría a las partes más débiles de la cadena, es decir, el consumidor y la producción. Esa desaparición facilitaría la proliferación y propagación de normas privadas que son ya utilizadas deliberadamente por una parte del comercio. Estas normas privadas no se establecen para garantizar unos estándares de calidad sino para condicionar unilateralmente la aceptación de mercancía. La proliferación de lenguajes para referirse a las cualidades del producto no contribuye en absoluto a la eficacia de la definición del producto ni a la información a las diferentes partes.

Por lo tanto y teniendo en cuenta la mala intención de la iniciativa, la propuesta de la Comisión debe ser retirada .

CCAE ha liderado el movimiento del sector productor en contra de la iniciativa de la Comisión. Se ha reunido con el Ministerio y con la Comisión; ha aglutinado a las organizaciones del sector en España y a las cooperativas de Francia, Italia, Grecia; ha colaborado en el mismo sentido con el COPA-COGECA, con Freshfel, con la Arelfh. Ha manifestado acompañada de todos ellos y ante las administraciones su rechazo al desmantelamiento de las normas de comercialización. De otra parte, los consumidores también se han opuesto públicamente a esta iniciativa. Por último y no menos importante, 18 Ministerios dijeron “no” al reglamento en el mes de junio…

La simplificación y alguna excusa más

CCAE ha participado ya en los procesos de revisión impulsados por la Comisión y ha propuesto mejoras y modificaciones en las normas de comercialización. Evidentemente, el paquete de normas se debe actualizar, mejorar y cuando sea necesario, “simplificar”. Pero con una buena intención y sabiendo que “simplificar” no es sinónimo de suprimir. Que “menos normativa” no es necesariamente “mejor normativa”. Que lo “simple” para el funcionario comunitario puede resultar complicado para el resto de los mortales.

La Comisión ha gastado demasiada energía en diseñar el desmantelamiento de las normas de comercialización y no ha “simplificado” allí donde sí era necesario. ¿Porqué no ha “simplificado” el sistema de seguimiento y evaluación de los Programas Operativos, ahora sometidos a obligaciones ingentes en forma de “indicadores”, de “comunicaciones”, de “informes”, “justificaciones” desproporcionadas si se comparan con el importe de las ayudas? Y ¿porqué no simplificar las condiciones de compatibilización de fondos de Desarrollo Rural y Fondos Operativos, confiando, simplemente, en la gestión de los Estados miembro??

Quienes apoyan la desaparición de las normas de comercialización apelan a lo que cuesta la vigilancia de su cumplimiento. CCAE considera que ese coste está perfectamente justificado en relación con las garantías que aportan las normas y reclama incluso que los controles se intensifiquen.

Otros, incluso, ha llegado a insinuar que cuando no haya normas de comercialización, las frutas y hortalizas serán más baratas… Las cooperativas consideramos -siendo optimistas- que llegarían a los lineales productos más baratos pero peores… La experiencia nos demuestra que la oferta será más cara y peor. Estamos convencidos de que la calidad no está reñida con el precio y sólo mejorando la organización de la producción y su posición frente al comercio, se podrán controlar los márgenes y en definitiva, los precios al consumidor.

La Comisión “contra todos”

Durante los Comités de Gestión, en las citas del Consejo de Agricultura, en los Comités Consultivos, en la prensa, por carta, oralmente, por activa, por pasiva, la Comisión ha podido notar el profundo rechazo de los ciudadanos hacia su propuesta de reglamento.

Si los principales usuarios de estas normas -los productores, los consumidores, las administraciones nacionales- piden su mantenimiento. Si estas normas llevan años funcionando sin que se haya detectado ningún fallo relevante ni cuestionado su eficacia. Si, incluso, la Comisión ha trabajado recientemente en su mejora. Si el coste es reducido en relación con los beneficios que reporta. Si esta normativa, en definitiva, busca el objetivo fundamental de la política agraria comunitaria de subrayar y ponderar los atributos de los productos agroalimentarios europeos… ¿Dónde encaja la propuesta de la Comisión? ¿A quien beneficia?

Como nadie pare esta iniciativa ni levante las orejeras de alguno a tiempo, el desmantelamiento de las normas de comercialización tendrá luz verde después del verano y entrará en vigor en la campaña 2009/2010. Sálvese quien pueda.

Las cooperativas pedimos que, por el contrario, nuestro Ministerio -y unos cuantos más- se mantengan firmes y logren que las condiciones cualitativas mínimas exigibles a las frutas y hortalizas se sigan definiendo, cumpliendo, comunicando y controlando con ecuanimidad para todos los productos.