Por el desempeño del mismo puesto de trabajo las mujeres podemos llegar a cobrar hasta un 40 por ciento menos que los hombres; sólo uno de cada tres cargos públicos es ocupado por una mujer y la presencia femenina en los Consejos de Administración de las grandes empresas alcanza escasamente el 3 por ciento. Estos tres indicadores son sólo una mínima muestra de la indudable discriminación que todavía sufrimos las mujeres en muchos ámbitos de la vida socioeconómica española.

Mientras tanto, tenemos que resignarnos a escuchar las solemnidades que a diario se lanzan desde el Gobierno vendiendo una Ley de Igualdad que no ha conseguido, ni por asomo, corregir las diferencias históricas que existen entre hombres y mujeres.

El próximo 9 de marzo se celebran las primeras elecciones generales en España al amparo de esta ley, que el PSOE ha convertido en una de sus grandes armas electorales en su tenso camino hacia la Moncloa. Entre otras medidas, la más conocida y comentada ha sido la de la paridad. Los partidos políticos tienen la obligación de confeccionar las listas electorales con una presencia equilibrada entre hombres y mujeres, de tal forma que ninguno de los sexos puede tener menos de un 40 por ciento, ni más de un 60 por ciento de candidatos.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. Resulta que ni la Ley de Igualdad, ni las denominadas “listas cremallera” servirán de nada si se repitieran los mismos resultados que en las elecciones del 2004. En tal caso y según publicada recientemente El País, sólo cinco mujeres más se sentarían en las butacas del Congreso de los Diputados. Y lo más sorprendente, es que el PSOE que propuso esta ley, perdería dos diputadas y el PP que la recurrió ante el Tribunal Constitucional, ganaría cuatro.

Además, las famosas listas cremallera (hombre-mujer-hombre-mujer) que ya el PSOE impuso en los pasados comicios y que tanto airearon como medida para conseguir gobiernos paritarios, son un timo encubierto. Se da la doble circunstancia de que el 75 por ciento de las listas electorales están encabezadas por un hombre y de que la mayoría de las circunscripciones aportan al Congreso un número impar de diputados, con lo que siempre habrá más hombres que mujeres en el hemiciclo.

Tan sólo hay quince provincias españolas donde las mujeres candidatas representan el 60 por ciento de la lista electoral y los hombres el 40 por ciento. Ocho provincias en el caso del PP y siete en el caso del PSOE.

Por lo tanto, esta medida tan progresista sólo ha servido para seguir relegando a las mujeres a los segundos puestos de salida en la escalada hacia la Cámara Alta el próximo 9 de marzo.

El tiempo da y quita la razón, y visto lo visto, sólo podemos decir que la paridad y esta Ley de Igualdad no la garantizan, sino que más bien la frenan. Prueba de ello es la sentencia que el Tribunal Constitucional hacía pública a principios del mes de enero. Por sorprendente que parezca, el que un grupo de mujeres tinerfeñas presentaran una lista compuesta sólo por mujeres en las anteriores elecciones municipales, “va contra la ley”. El Tribunal lo ha dejado claro es “constitucional prohibir una lista conformada exclusivamente por mujeres”.

Personalmente, lo que más me dolió después de este fallo, fue el gesto que protagonizaron las candidatas socialistas, haciéndose la foto y celebrando la sentencia.

¿Cómo es posible que en España, donde las mujeres conseguimos el derecho al voto, después de países como Australia, Rusia o Sudáfrica, haya mujeres que celebren que no se pueda presentar una lista electoral compuesta solamente por mujeres?