Bruselas, 19 de febrero de 2008. El PE adoptó un informe sobre la lucha contra la corrupción de los fondos europeos, que en 2006 ascendió a 1.143 millones de euros, frente a los 1.024 millones de 2005. Los diputados sostienen que no se deben transferir fondos de la PAC a los países que no garanticen una gestión adecuada y apoyan publicar los nombres de las personas que han defraudado. En España, Francia e Italia se cometieron el 57,2% de las irregularidades agrícolas registradas en 2006 en toda la UE.

El informe constata que, en lo que se refiere a los recursos propios, la corrupción aumentó un 7%, pasando de 328 millones de euros en 2005 a 353 millones de euros en 2006. Los productos más afectados por las irregularidades fueron los televisores (2005: 69 millones de euros, 2006: 62,3 millones de euros) y los cigarrillos (2005: 30,9 millones de euros, 2006: 27,6 millones de euros) (párrafo 6).

Los diputados emplazan a la Comisión a que indique qué medidas adicionales tomará para poner fin a las falsificaciones, así como a la importación fraudulenta de televisores y cigarrillos (22).

En lo que se refiere a los gastos agrícolas, el importe afectado por irregularidades se redujo de 105 millones de euros en 2005 a 87 millones de euros en 2006. A España, Francia e Italia les correspondió un 57,2% de las irregularidades, lo que representa 64,9 millones de euros (7).

El Parlamento Europeo apoya la «aplicación rigurosa» de la legislación en materia de suspensión de pagos, y pide que la financiación de la PAC se someta al mismo procedimiento para no transferir fondos si la Comisión no dispone de garantías absolutas sobre la fiabilidad de los sistemas de gestión y de control del Estado miembro receptor (12). Asimismo, el informe toma en consideración las deficiencias en la aplicación del sistema de «listas negras» y exhorta a la Comisión a incrementar las sanciones impuestas a los países que incumplen sus compromisos a la hora de devolver las sumas pagadas indebidamente (15).

Por otra parte, la Eurocámara tacha de «absolutamente inaceptable» que desde hace años España y Alemania no transmitan a la Comisión la información relativa a las irregularidades en los gastos agrícolas y pide a la Comisión que incoe procedimientos por infracción contra estos países y que retenga un 10% de los pagos agrícolas durante el procedimiento (23).

En cuanto a las acciones estructurales, el importe total afectado por irregularidades aumentó un 17%, de 601 millones en 2005 a 703 en 2006. España -con 85,7 millones-, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido originaron casi el 85% del importe de 2006 (16, 27).

El informe acoge positivamente el hecho de que se publique la información sobre los beneficiarios de los Fondos Estructurales, e insta a que se obligue a los Estados miembros a que publiquen la información relativa a los proyectos y los beneficiarios de recursos procedentes de todos los Fondos comunitarios sujetos a gestión compartida. También solicita a la Comisión que proponga el fundamento jurídico apropiado para la publicación de los nombres de las empresas y personas que han defraudado a la Comunidad (38, 51).

Los diputados alertan de que los niveles de recuperación de las sumas pagadas indebidamente siguen siendo bajos y varían entre los Estados miembros. Además, instan a la Comisión a que incremente sus esfuerzos para mejorar el porcentaje de recuperación de las sumas pagadas indebidamente (10).

Por último, los diputados muestran su preocupación por el hecho de que muchos Estados miembros son reticentes a reforzar la cooperación entre sus servicios nacionales y la Comisión -OLAF incluida- (64).