La Comisión ha realizado esfuerzos considerables para remediar las insuficiencias de gestión de los riesgos que afectan a los fondos comunitarios. Algunos cambios ya están teniendo efectos favorables, como la notable reducción del nivel de error estimado por el Tribunal en las operaciones agrícolas, aunque dicho nivel ase sitúa justo por encima del umbral de materialidad. Este cambio positivo pone de relieve la eficacia del sistema integrado de gestión y control (SIGC) y la simplificación de los procedimientos de declaración y de pago en el recientemente introducido régimen de pago único.

Las cuentas consolidadas de 2006 – que representan 106 600 millones de euros en pagos – presentan fielmente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de las Comunidades, así como los resultados del ejercicio, exceptuando la sobreestimación de los importes consignados en el balance en concepto de deudas a corto plazo y prefinanciaciones. La Comisión ha continuado sus progresos con la aplicación de su contabilidad de ejercicio (o de devengo), aunque persisten ciertas debilidades.

En el ejercicio 2006 los pagos comunitarios han representado un total de 106 600 millones de euros.

Una vez más, el Tribunal formula una opinión sin reservas sobre las operaciones subyacentes a los ingresos comunitarios, a los compromisos, a los gastos administrativos y a la estrategia de preadhesión, exceptuando el programa Sapard. Por otra parte, los pagos de las ayudas exteriores gestionados directamente por las delegaciones de la Comisión sólo reflejaron en 2006 una escasa incidencia de errores.

El Tribunal, no obstante, vuelve a expresar una opinión desfavorable sobre la legalidad y la regularidad de la mayor parte del gasto comunitario, es decir, principalmente la parte del gasto agrícola no cubierta por el SIGC, las políticas estructurales, las políticas internas y, en gran medida, las acciones exteriores. En estos ámbitos existe aún un nivel significativo de errores detectados en los pagos a los beneficiarios finales, aunque en grados diversos.

Por otra parte, el Tribunal opina que, en conjunto, las operaciones subyacentes a los Fondos Europeos de Desarrollo, exceptuando los pagos ordenados por las delegaciones de la Comisión en los países beneficiarios, son legales y regulares.

El Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, Sr. D. Hubert Weber señaló anoche en la reunión de la Comisión de control presupuestario: «Entre las causas de error en las operaciones subyacentes, cabe citar la negligencia, un escaso conocimiento de normas a menudo complejas y también posibles tentativas de defraudar el presupuesto de la UE. Asimismo, los controles de las declaraciones de gastos agrícolas no abarcados por el SIGC, de las políticas estructurales y de las políticas internas, basadas primordialmente en los datos proporcionados por el beneficiario, son en muchos casos insuficientes tanto en número como en alcance y su calidad con frecuencia no alcanza el nivel requerido. Se necesita una mejor gestión y un mejor control de los gastos comunitarios sujetos tanto a la gestión compartida como a la directa bajo la responsabilidad última de la Comisión.»

En el ámbito de la agricultura en general (49 800 millones de euros en 2006), el nivel global estimado de error se redujo notablemente, según lo observado por el Tribunal, si bien se mantiene por encima del umbral de materialidad. El gasto agrícola se caracteriza por la diversidad de tipos de operaciones, sujetas a distintos riesgos y sistemas de control. El SIGC, que abarca alrededor del 70 % del gasto de la PAC, cuando se aplica correctamente es eficaz para limitar el riesgo de gastos irregulares. El Tribunal advierte que, aunque el régimen de pago único simplifica los procedimientos de declaración y de pago, también tiene efectos colaterales, como la atribución de derechos a propietarios que nunca habían ejercido previamente una actividad agraria, con lo que la ayuda comunitaria se ha redistribuido sustancialmente trasladándose de los agricultores a los propietarios de tierras. Entre los nuevos beneficiarios de la ayuda comunitaria cabe destacar compañías ferroviarias, clubes de equitación y de cría de caballos y clubes de golf y recreativos, así como ayuntamientos.

Por lo que respecta al gasto en políticas estructurales (32 400 millones de euros en 2006), la situación sigue siendo similar a la de ejercicios anteriores. El Tribunal determinó la existencia de un porcentaje significativo de error, que se estima en un 12 % al menos del total reembolsado a los beneficiarios. Los errores más frecuentes consistían en declaraciones de gastos no subvencionables y la ausencia de procedimientos de licitación, así como falta de pruebas justificativas del cálculo de los gastos corrientes o de personal. Los sistemas de control y supervisión de los Estados miembros por lo general resultaron ineficaces o moderadamente eficaces, mientras que la supervisión de su funcionamiento por la Comisión, sólo moderadamente eficaz.

En el caso de las políticas internas gestionadas por la Comisión (9 000 millones de euros en 2006), el Tribunal volvió a hallar un nivel significativo de error que afectaba a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes, debido principalmente a reembolsos a beneficiarios que habían declarado costes excesivos en los proyectos. La fiscalización del Tribunal puso de manifiesto que los sistemas de control interno no eran más que parcialmente satisfactorios.

El examen del gasto destinado a las acciones exteriores (5 200 millones de euros en 2006) fue satisfactorio por lo que respecta a las operaciones gestionadas y comprobadas por las delegaciones, pero no en el caso de los organismos encargados de la ejecución de los proyectos sobre el terreno. Entre los errores se encontraban declaraciones de gastos no subvencionables e incumplimiento de los procedimientos de licitación.

En el contexto de la estrategia de preadhesión (2 300 millones de euros en 2006), el Tribunal concluyó que los pagos eran legales y regulares en general, aunque volvieron a detectarse errores significativos en las operaciones de Sapard auditadas.

La Comisión ha tomado medidas en los últimos años para agilizar la recuperación de los importes abonados indebidamente y reforzar la protección de los intereses financieros de la UE. No obstante, debido a la complejidad de la gestión compartida de los fondos con los Estados miembros, la Comisión todavía no tiene a su disposición información fiable sobre la recuperación de fondos abonados indebidamente (importes y beneficiarios) ni de su impacto financiero en el presupuesto comunitario.

El Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, Sr. D. Hubert Weber concluyó:

«La Comisión debe dar ejemplo prestando especial atención a concebir y hacer funcionar eficazmente sus propios sistemas de control interno en los fondos comunitarios sujetos al régimen de gestión directa (es decir, las políticas internas y las acciones exteriores), con lo cual proporcionaría un modelo y un estímulo para los sistemas de los Estados miembros sujetos al régimen de gestión compartida.»

«La clave para lograr una gestión eficaz de los fondos comunitarios reside en la existencia de sistemas eficientes y fiables de control interno en todos los niveles de administración. Tengo la convicción de que los ciudadanos europeos merecen que los fondos comunitarios se gestionen y controlen adecuadamente en todo el territorio de la UE.»