Madrid, 25 de julio 07. Cuestión de origen; el precio de elaboración de un gazpacho, una de las denominadas “sopas frías” más conocidas a nivel internacional de nuestra gastronomía, se triplica del campo a la mesa. El análisis comparativo elaborado por el departamento de Agricultura de COAG sobre el precio en origen y destino de los principales ingredientes que se utilizan para elaborar esta típica comida de verano; tomates, pepinos, pimientos, ajo, cebolla y aceite de oliva, arroja una diferencia de un 346% entre la huerta y la mesa.

De esta manera, el coste de un litro de gazpacho elaborado con productos adquiridos en los lineales de cualquier gran superficie comercial asciende a 3,67 euros. Si los mismos productos fueran comprados directamente al agricultor, el precio final sería de 1,06 euros, una diferencia de 2,61 euros

Los desequilibrios de precios existentes en la cadena agroalimentaria se han convertido en la nota dominante del sector en los últimos años, de los que intermediarios y grandes superficies han sido los grandes beneficiados. El agricultor, que no participa más de un 27% en el precio final que adquiere al final el producto, y el consumidor, que debe hacer frente a precios abusivos, han sido los más perjudicados. COAG aprovechará la reunión de mañana del Observatorio de Precios, convocada por el Ministerio de Agricultura, para reiterar una vez más que esta situación es insostenible para los agricultores y consumidores y que se hace necesario la puesta en marcha de medidas que doten de cierto equilibrio a todos los agentes que participan en la cadena de valor agroalimentaria. Entre otras, COAG exigirá:

– Un nuevo marco legal del comercio agroalimentario que contribuya a una mayor participación de los productores/as en la cadena agroalimentaria y en el valor de los productos, teniendo en cuenta las costes de producción y la renta de los/as agricultores/as de tal forma que articule mecanismos de control de precios en la cadena agroalimentaria, contemplando una Comisión de Examen de Prácticas Comerciales con la participación de los agentes implicados, entre ellos las Organizaciones Profesionales Agrarias y de Consumidores/as más representativas.

– Modificación de la Ley 38/94 de Organizaciones Interprofesionales de forma que éstas contemplen todos los agentes de la cadena agroalimentaria.

– Implementación efectiva de la Ley de Contratos-Tipo para conseguir relaciones equitativas entre productores y resto de agentes. Es necesario que se aplique efectivamente esta ley en lo que se refiere a un mayor número de contratos tipo en distintas producciones. Este es un instrumento acorde con el objetivo de conseguir relaciones económicas equitativas entre productores y resto de agentes.

– Mayor operatividad del Observatorio de Precios de tal forma que sea capaz de:

1. Analizar los factores estructurales y coyunturales explicativos de la formación de los precios, especialmente los costes de producción y márgenes comerciales de cada uno de los agentes de la cadena comercial que interviene en la formación de precios.

2. Fomento de estudios que mejoren el conocimiento de los mercados. Creación de una red de información comercial que identifique los puntos críticos que impiden un mejor desarrollo de los mercados. Impulso del panel público de precios de productos agrarios en diferentes fases de la cadena agroalimentaria.

3. Dotación de presupuesto propio para la Mesa de Precios así como de capacidad de proponer al Gobierno medidas de carácter vinculante y de instar al Servicio de Defensa de la competencia a investigar el mercado de ciertos productos agrarios y ganaderos.
– Impulso a medidas estructurales que propicien una mayor participación de los productores/as y de los consumidores/as, en la cadena agroalimentaria, en el valor final de los productos y en la información comercial de los mismos. Implantación del doble etiquetado (precios origen/destino).