Una eventual aplicación de un desacoplamiento total en sectores que ahora tienen un desacoplamiento parcial facultativo presenta una serie de problemas técnicos y políticos que sería necesario resolver.

Aunque esta claro que el espíritu de la legislación comunitaria es favorable al desacoplamiento total, planteando el parcial solo como una excepción facultativa, lo cierto es que los reglamentos no contemplan de forma explícita la posibilidad de cambiar de una modalidad a otra, una vez que comenzó su aplicación. La duda más importante estaría en determinar a quien corresponde imputar el importe de referencia del pago único correspondiente a los pagos hasta ahora acoplados.

Una opción sería la aplicación del mismo historial de los años que generaron el pago único, aumentando sin más los importes de los derechos (por ejemplo un 25% en el caso de herbáceos). Esto sería lo mismo que retrotraerse al primer año de la aplicación del pago único y recalcular los derechos con el supuesto de que se aplicó un desacoplamiento total. En ese caso los agricultores que cobraban ayuda acoplada por encima del porcentaje correspondiente a sus derechos e incluso sin derechos históricos perderían ayudas, mientras que la ganarían aquellos que cobran con menos porcentaje que su historial e incluso sin sembrar.

A nivel global no parece que debiera existir existiría una gran diferencia por una forma de aplicación u otra, ya que el dinero es el e mismo y la mayor parte de las superficies se han mantenido. Sin embargo, la diferencia sí que podría ser muy importante en casos individuales muy concretos y también en cuanto al reparto del dinero entre las diferentes comunidades autónomas, sobre todo en el caso del olivar.

Hay que recordar que en el olivar una de las principales razones de aplicar un acoplamiento del 10% de la ayuda fue precisamente para mediar de alguna forma en el debate que se produjo en su momento relativo al reparto del dinero entre las diferentes comunidades autónomas. Este 10% global, que no parece demasiado importante al nivel de los productores y cuyo gasto administrativo es probablemente desproporcionado en relación a su importe, sí que tiene su importancia para determinadas producciones y para el equilibrio político.