9 de julio de 2007. Después de esperar, y mucho, dando un amplio margen de actuación a la Junta para acabar con los topillos que han mermado gran parte de la cosecha de cereal ahora son los productores de regadío los que ven, con temor, lo que se les viene encima una vez que la Administración regional haya sido incapaz de acabar con unos roedores que campan a sus anchas en pueblos, parques, cultivos y aguas. Tras alimentarse de los cereales, ahora llega a la patata y luego, sin que nada les frene, se introducirán en los hogares para comerse nuestro propio pan.

¿A qué están esperando? ¿Tal vez a que la novel consejera Silvia Clemente la inspiración divina le llegue caída de sus buenos amigos de Il,Divo? ¿O habrá que pedirle a Elena Espinosa un enviado especial como Jesús Caldera para interpretar al flautista de Hamelin?

El caso es que ninguno da la solución y mientras desde la Consejería de Agricultura publican una ridícula valoración de los daños afectados en base a los precios medios fijados por Agroseguro, que nada tienen que ver con los de la campaña actual, se reduce el plazo de solicitudes al mínimo, hasta el 16 de julio. Por su parte, la subdelegación del Gobierno responde, con un mes de retraso, a la misiva que desde ASAJA SALAMANCA se le solicitaba para mediar con el Gobierno central en establecimiento de un servicio de plagas y garantías sanitarias en el medio rural sin olvidar la reconsideración de los seguros agrarios, la exención de cuotas a la Seguridad Social o las desgravaciones fiscales para los agricultores afectados.

La respuesta del subdelegado, Jesús Málaga, ha sido igual de inútil y más desesperanzadora si cabe, ya que se limita a echar balones fuera señalando que el control de la plaga es competencia exclusiva de la Junta. En segundo lugar, Málaga manifiesta que ya se ha solicitado una modificación de las pólizas aseguradoras, para las próximas campañas, sin garantizar por ello que se vayan a conseguir condiciones más ventajosas. Y en tercer lugar, la Administración general del Estado apunta directamente, en cuanto a indemnizaciones se refiere, a las órdenes que publicará la Consejería de Agricultura al respecto. Una, que ya está publicada y que podría calificarse de burdo engaño de valoración de las parcelas y la otra, por publicar, que parece presentarse en la misma línea.

¿Es esta la forma que tienen los políticos de defender al agricultor de las plagas? ¿Habrá que esperar a verlos subidos sobre sus escritorios, acorralados por los ratones, para que reaccionen? Si no hay otro remedio, que así sea.