15 de junio de 2007. El Secretario General Técnico del MAPA, Juan José Granado ha inaugurado un Seminario sobre “Análisis y situación actual del marco legal de los precios de la cadena alimentaria” que, organizado por los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Industria, Turismo y Comercio ha estado dirigido a los miembros del Pleno del Observatorio de Precios, al que pertenecen todos los sectores de la cadena alimentaria, así como las Administraciones públicas y las organizaciones de consumidores.
El Secretario General Técnico ha resaltado la importancia de este encuentro cara a la clarificación de la regulación de los precios de los alimentos en la economía de mercado española, y a la concreción del margen de actuación de los poderes públicos en esta materia.
En el Seminario se ha abordado en primer lugar el marco normativo que afecta a los precios de los alimentos y a continuación aspectos mas concretos, de gran interés, como son la “ venta a pérdida” “ y “ plazos de pago “ , tanto en España como en la Unión Europea, así como las principales actuaciones del Servicio de Defensa de la Competencia en materia de precios en la alimentación.
En relación con el marco normativo de precios en la alimentación se ha coincidido en el criterio de que la legislación es sencilla y clara, recogiendo su regulación en la Constitución Española, la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que establecen el principio general de libertad de fijación de precios, si bien existen ciertos límites intrínsecos y extrínsecos al citado principio que no afectan al sector agroalimentario.
Sobre la venta con perdida se ha planteado que está prohibida en la ley de Competencia Desleal y en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y afecta también a las empresas del sector primario. No obstante, existen ciertos casos tasados en que se puede autorizar, entre ellos uno concreto que se refiere a la alimentación, que es el caso de venta de productos perecederos en las fechas próximas a su inutilización. En la Unión Europea solo el Reino Unido permite esta forma de venta.
También se ha analizado el aplazamiento de pago que está regulado en una Directiva que afecta al sector agroalimetario, determinando para los productos perecederos el plazo máximo de pago es de 30 días y para el resto de productos de alimentación es de 60 días. Aunque se ha reducido la morosidad en el sector agroalimentario desde la entrada en vigor de la vigente ley que lo regula, lo cierto es que en España los pagos reales están en 13 días por encima de la media con otros países de la Unión Europea. En el sector agroalimentario español la media en el plazo de pago es de 72 días, 3 días menos del año de entrada en vigor de la ley vigente.
Tras la clausura, realizada por Jose María Sanchidrían, Subdirector General de Canales de Comercialización y Relaciones Institucionales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se ha recordado que, dentro de las actuaciones programadas por la Secretaría del Observatorio para este año, está prevista la realización de otro Seminario en el último trimestre sobre la formación de precios.
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