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ASAJA-Sevilla valora el aplazamiento de las tarifas de riego agrícolas pero considera esta medida insuficiente

13/06/2007

Sevilla, 12 de junio de 2007. El Ministerio de Industria ha decidido aplazar un año la entrada en vigor de las nuevas tarifas para riegos agrícolas, confirmando lo que ya anunció ASAJA hace unos días. Los próximos días se publicará un Real Decreto con la prórroga de las actuales tarifas, que probablemente sufrirán una subida actualizada conforme al Índice de Precios al Consumo. En las reuniones mantenidas por ASAJA con el Ministerio de Energía, Agricultura y representantes de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, ASAJA siempre defendió que no existían razones para suprimir las tarifas de riego, y todos los argumentos llevaban a su mantenimiento.

Finalmente esto se ha conseguido, pero entendemos que esta medida no es suficiente, dado que la unanimidad del sector agrícola demandaba que hasta tanto no se diera de una manera real y efectiva una liberalización del sector eléctrico, el aplazamiento debería ser “sine die”, es decir, sin plazos. No obstante, dentro de lo positivo de esta moratoria está el hecho de que dispondremos de un tiempo mayor para estudiar métodos de adaptación gradual de las explotaciones agrarias a un mercado que va camino de la liberalización real, pero que aún no se ha alcanzado.

De ahí que desde ASAJA-Sevilla volvamos a recordar los argumentos que han permitido mantener las actuales tarifas especiales de riego, que avalan la prórroga concedida:

– No existe una verdadera y efectiva liberalización del mercado eléctrico tal y como exige la UE. El 95% del mercado es regulado, y dominado en un 76% por los grandes operadores eléctricos. Por lo tanto, no existe una efectiva libertad de elección, ni en tarifas ni en compañías suministradoras. La normativa europea no establece fecha alguna para la eliminación de las tarifas eléctricas. Las directivas europeas se refieren a la “apertura del mercado” pero esta apertura en ningún caso puede comenzar por la eliminación de tarifas sino por asegurar las condiciones de libre mercado (libre competencia, oferta suficiente…).

– El sector del regadío, muy atomizado, está atravesando una mala coyuntura debido a las crisis de precios en origen y las reformas de OCMs. Pese a todo, es el que mayores índices de exportación y empleo presenta. Una subida de las tarifas de riego que significa casi un 300% en términos de potencia en la factura eléctrica supondría una merma de competitividad inasumible para la agricultura de regadío en estos momentos.

– El sector agrario no está en igualdad de condiciones frente a otros sectores tanto en la disponibilidad de infraestructuras eléctricas adecuadas como en el acceso al hipotético libre mercado eléctrico.

– El Plan Nacional de Regadíos a través del Programa de Modernización de Regadíos supone la mejora y transformación de más de un millón de hectáreas que pasan de riego por gravedad (coste energético cero) a goteo o aspersión (con consumo de energía. ¿Estamos penalizando y torpedeando el programa de modernización de regadíos?

– Tanto los planes y programas de desarrollo sostenible elaborados por el Ministerio de Agricultura como la propia Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 abogan por un uso eficiente y sostenible de la energía. Una subida de estas características llevaría al sector a recurrir a los generadores de gasoil: mayor contaminación y empleo de recursos fósiles. La eliminación de las tarifas eléctricas es incongruente con los principios defendidos tanto en estos programas de desarrollo rural como en la propia Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.

En definitiva, no existían razones para suprimir las tarifas especiales para riego y todos los argumentos han llevado a su mantenimiento, aunque desgraciadamente, sólo en forma de aplazamiento por un año. Desde ASAJA-Sevilla esperamos que en este tiempo se puedan establecer las condiciones que permitan una existencia real y objetiva de mercado libre en el sector eléctrico, y con ello no tengamos que acudir a los argumentos anteriores para exigir que los poderes públicos aseguren un trato diferencial para los sectores más desfavorecidos.

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