Las declaraciones del
Presidente de la Junta de Extremadura (Ver
vínculo) despreciando la
capacidad de la Comisión Europea para detectar y limitar unas posibles ayudas
nacionales para el  tomate transformado han avivado la preocupación del sector.
Estas ayudas podrían ser necesarias como una solución-puente hasta la aplicación
de la prevista reforma de la OCM, para paliar los efectos de la fuerte
penalización provocada por el sistema actual.

Las organizaciones
sectoriales vienen reclamando que se busque una vía legal para compatibilizar
estas ayudas, pero después de escuchar las declaraciones de Ibarra se teme que
se opte por hacer oídos sordos a la normativa comunitaria. Esta solución, que a
corto plazo parece más fácil y fructífera (no hay que acomodarse a lo
establecido por la Comisión Europea) a la larga puede tener costes económicos y
políticos.

En Extremadura se recuerda
en especial el caso de otras ayudas regionales para cultivos hortícolas
destinados a la transformación industrial (pimiento, pepinillo, etc.) que fueron
detectadas en 1999 por la Comisión Europea, que obligó a los agricultores a
devolverlas, con intereses de demora (Ver
vínculo ). También entonces Rodríguez Ibarra hizo declaraciones de tono
similar, e incluso se recurrió el caso ante el Tribunal de Justicia, que
desestimó la petición extremeña y condenó en costas a España (Ver
vínculo ). En el caso del tomate se teme que además la Comisión imponga
multas a través del sistema de correcciones financieras, dado que las posibles
ayudas afectarían a un sector con OCM.