CCAE reafirma su posición favorable a la distribución de carburantes por las cooperativas, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que anula la Decisión de la Comisión relativa a las medidas ejecutadas en España a favor del sector agrario tras el alza de los precios de los carburantes del año 2000, concretamente aquélla que permitió distribuir gasóleo b a las Cooperativas agrarias, tanto a socios como a terceros no socios.

CCAE ha demandado al MAPA que inste a la Comisión de la UE a que interponga el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por entender que la sentencia de hoy no ha tenido en consideración los criterios de la Comisión sobre la actividad de distribución de carburantes por las cooperativas.

Para CCAE la Comisión fundamentó correctamente que en la distribución de carburantes a no socios, el tipo del Impuesto sobre sociedades que se aplica a las cooperativas agrarias es el mismo que el que se aplica a cualquier otra entidad de diferente naturaleza jurídica. Otros impuestos como el de bienes inmuebles, transmisiones jurídicas y actos jurídicos documentados o el impuesto de actividades económicas, no tienen nada que ver ni afectan a las operaciones de venta minorista de carburantes, por lo que no pueden ofrecer ventaja o beneficio a las cooperativas. En definitiva, la actividad de distribución de carburantes por las cooperativas, autorizada por la Decisión de la Comisión y por el Parlamento español, sólo está afectada por el Impuesto sobre sociedades que se aplica a las cooperativas al tipo general, cuando distribuyen a terceros no socios.

CCAE recuerda que actualmente la distribución de carburantes de las cooperativas agrarias está regulada por la Ley 24/2005 de impulso a la productividad, permitiendo la libre distribución de carburantes por las Cooperativas, como cualquier otra persona física o jurídica que cumpla con la normativa en vigor. Esta medida se adoptó para favorecer la competencia, especialmente en el medio rural, con vistas a mejorar la competitividad del sector agrario.