El reconocimiento de la castaña como producto amparado por una indicación geográfica protegida debe servir para que se eliminen los intermediarios con el objetivo de que los productores vendan directamente su producto a la industria o distribución a precios más altos. Unións Agrarias-UPA demanda a la Consellería de Medio Rural que se implique para asegurarles a los agricultores unos ingresos que cubran los costes de producción, algo que no sucede por la acción de dos intermediarios que controlan el negocio en Galicia, pagando precios excesivamente bajos (una media de 0,50 €/kg) para después vender al consumidor por encima de los 2,50 €/kg en fresco.
Lo más grave es que los intermedidarios están recogiendo las castañas a cuentagotas con la intención de bajareles el precio a los agricultores y para dar la sensación de que no hai producción, y subirlo, posteriormente, a los consumidores. Además es necesario regular al sector para evitar el abandono del campo. La recolección de este fruto cumple un papel social importantísimo en las zonas de alta montaña donde se ubican los castaños, convirtiéndose sus ingresos en un tercio de las ya de por si bajas rentas de los agricultores en estas zonas desfavorecidas. La importancia para la sociedad se encuentra en que los agricultores se encargan de podar los árboles y sus rebaños, de ovejas y vacas principalmente, mantienen limpios los campos, reduciendo al mínimo la madera y los tojos que sirven de combustible en los incendios, una lacra que se reduce en aquellas zonas donde los profesionales agrarios ocupan el territorio.
Unións Agrarias-UPA cree que no se puede mantener la situación de indefensión de los productores de castaña. Deben existir unas relgas de juego que impulse la Consellería de Medio rural al amparo de la IXP Castaña de Galicia. De no hacerlo así, esta denominación de origen sólo servirá para que los márgenes comerciales que hoy son del 500% se incrementen, empobreciendo a los productores que optarán por marcharse o dejar la agricultura y encareciendo la bolsa de la compra de los consumidores. Además puede provocar una bajada del consumo, tal como sucede este año, convirtiénodse la castaña en un lujo para los propios consumidores gallegos.
Hasta el momento, la Consellería de Medio Rural no se puso en contacto con los productores para abordar este espinoso problema. En zonas como Ourense Oriental, Unións Agrarias aglutina al 80% de los propietarios de los sotos en tres asociaciones que llevan tres años trabajando y que solicitan una regulación para tener mayores ingresos de lo que están a percibir. El sindicato cree que la Consellería debe utilizar la indicación geográfica para conseguir que todos los actores estén en igualdad de condicións en la negociación, lo que permitirá fortalecer al sector en la comercialización, pero también para que los agricultores vean la oportunidad de complementar rentas, el objetivo que persigue Unións Agrarias para mejorar su situación y para fijar población en el medio rural
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