Cuando la inmensa mayoría de las expropiaciones que se efectúan en la provincia son de suelo rústico, la Junta ha excluido toda representación agraria de la Comisión Territorial de Valoración que ha constituido recientemente, no estando presente en la misma ni la Cámara Agraria ni la organización profesional agraria más representativa que en este caso es ASAJA.

La Comisión de Valoración, regulada en la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, y que hasta la fecha no se había constituido, tiene entre sus funciones “entender y decidir sobre los procedimientos de justiprecio en las expropiaciones que efectúen la Junta, Diputación, ayuntamientos y entidades locales menores”. La propia Ley establece como regla para constituir dicha comisión que “haya una representación adecuada de los intereses de los afectados”, lo que desde el punto de vista de ASAJA no se cumple.

ASAJA considera que en la Comisión de Valoración no están representados los intereses de los propietarios de tierras, sin duda los más afectados por las expropiaciones. Si a esto se suman los cambios que en materia de valoración del suelo rústico establece el Proyecto de Ley del Suelo que en estos momentos se debate en el Parlamento, los agricultores y propietarios de tierra en general van a verse en una situación de indefensión y en ocasiones de auténtica confiscación de sus propiedades, cuando por razones de interés público se ocupen sus bienes.

ASAJA llevará al Pleno de la Cámara Agraria una propuesta para que esta corporación de derecho público, representativa de los intereses de todos los agricultores de la provincia, recurra la constitución de la Comisión de Valoración aprobada por Resolución de 26 de julio de 2006, del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en León. Todo ello con el fin de que en los casos de expropiaciones de suelo rústico, se escuche y tenga en cuenta la opinión de los agricultores de la provincia, igual que se sigue haciendo respecto a las expropiaciones del Estado.

La Junta ya excluyó en su día a las organizaciones profesionales agrarias de las Comisiones Territoriales de Urbanismo, a pesar de que todas las construcciones agrícolas y ganaderas han de pasar por la misma. La exclusión de la Comisión de Valoración es un feo más a los intereses del campo, y es una estrategia para ser juez y parte en todos los procesos de expropiaciones, ya que la mayoría de los vocales van a ser representantes de colegios profesionales y representantes de administraciones públicas, otorgando a la FELE la única representación de empresas y particulares con un vocal.
León, 26 de septiembre de 2006.