Madrid, 10 de Julio de 2006. Los agricultores del sector de frutas y hortalizas afrontan una situación muy difícil en la actualidad e incluso se ven obligados a abandonar sus explotaciones por falta de rentabilidad, derivando en un proceso de gran reconversión. La actual Organización Común de Mercado (OCM) no ha servido para mejorar su renta, ni solucionar muchos de los problemas del sector. El agricultor profesional de la UE produce alimentos sanos y de calidad, cumple una labor de sostenimiento medioambiental y de mantenimiento del paisaje, demandada por la sociedad, y vertebra el medio rural, asegurando puestos de trabajo y fijando población. Sin embargo, estas externalidades positivas para el conjunto de la sociedad no son compensadas e incluso llegan a ponerse en duda.

El sector de frutas y hortalizas nunca ha sido suficientemente considerado en la Política Agraria Comunitaria (PAC) de la Unión Europea si se tiene en cuenta su importancia económica y medioambiental, su papel en la creación y mantenimiento del empleo y su contribución al sostenimiento de la población y de la actividad económica en el medio rural. Como consecuencia, la OCM de frutas y hortalizas ha recibido un tratamiento discriminatorio en el presupuesto de la PAC respecto a otros sectores agrícolas de carácter más continental, existiendo un claro desequilibrio entre el valor del sector en el conjunto de la producción final agraria comunitaria y las ayudas que percibe.

CONTEXTO: CUESTIONES Y PROBLEMAS

COAG valora la descripción del contexto actual del sector de frutas y hortalizas realizado por la Comisión Europea, sin conocer las conclusiones de los estudios de impacto encargados a consultoras externas, pero estima necesario realizar las siguientes puntualizaciones:

• COAG se muestra de acuerdo con el análisis que realiza la Comisión respecto al aumento de la presión de la gran distribución, con creciente capacidad para mantener e incrementar, si cabe, altos márgenes comerciales, que generan precios al agricultor insuficientes en ocasiones para cubrir sus costes de producción y excesivamente elevados para el consumidor. Este hecho, unido a la dispersión de la oferta por la falta de atractivo que supone la integración en OPFH para los agricultores, agrava aún más el desequilibrio en la cadena de comercialización.

• Entre los problemas detectados por la Comisión, no se recoge de manera específica una de las principales cuestiones que atañen al sector, como es la fuerte presión por las importaciones de países terceros a bajos precios a la que se ven sometidos los productores de frutas y hortalizas, pero que no han servido para reducir los precios pagados por los consumidores. Los débiles mecanismos de protección en frontera no están funcionando eficazmente para la mayoría de los productos que tienen graves problemas de competencia con las importaciones de países terceros. Además, el sector representa una moneda de cambio habitual en los acuerdos preferenciales con países terceros en el marco de las relaciones comerciales de la Unión Europea, como la pretendida zona de libre comercio entre los países del Mediterráneo, por lo que el grado de desprotección de este sector es aún más elevado.

De esta manera, se produce una reducción de precios internos percibidos por el productor a causa del incremento de las importaciones a bajos precios de la producción de los países terceros y cuya competencia podría considerarse como desleal al no tener unos costes de producción equiparables a los de los productores europeos, en particular en lo que respecta a la mano de obra, requisitos medioambientales, costes sociales y fiscales. Por otro lado, no sólo por el aumento de las importaciones de países terceros, si no también por el incremento de la producción interna, con una competencia cada vez más dura en el mercado comunitario, provocan la saturación de los mercados tradicionales y con mayor poder adquisitivo, como la UE, generando mayor inestabilidad en los precios que deriva en crisis cada vez más graves y recurrentes en los mercados.

• Otra cuestión que no aparece reflejada en el contexto del sector hortofrutícola es la escasa dotación presupuestaria en el marco de la OCM. La ampliación de la UE junto con la reducción del presupuesto comunitario, reducen las posibilidades de incrementar el presupuesto dedicado al sector de frutas y hortalizas, pese a la necesidad manifiesta de hacerlo. Por tanto, se tratará pues de ver que instrumentos se pueden modificar para optimizar la utilización de la dotación presupuestaria prevista, considerando que en cualquier caso debería ser aumentada para equilibrar su contribución a la producción final agraria

• COAG también coincide en señalar la influencia de los radicales cambios en la PAC y, en particular, las modificaciones realizadas en otros sectores productivos, como algodón, tabaco, azúcar y olivar, que pueden tener consecuencias desestabilizadoras sobre el sector de frutas y hortalizas al posibilitar la llamada triangulación, así como la deslocalización de los cultivos en ciertas regiones.

• Respecto a la compatibilidad con los compromisos en la OMC, ya se incluyen entre las consecuencias de las negociaciones en curso, la eliminación de las restituciones a la exportación. La prevista reducción de las subvenciones de la caja ámbar, permite no comprometer el mantenimiento de las ayudas a los productos transformados de frutas y hortalizas, ya que su mantenimiento no representaría ninguna amenaza para los países competidores. Por tanto, no es aceptable este argumento para proponer seguir el modelo de la reforma de la PAC de 2003 para el sector de los transformados a base de frutas y hortalizas.

• Los productores de frutas y hortalizas han realizado un gran esfuerzo en los últimos años por mejorar su prácticas productivas y hacerla más respetuosas con el medio ambiente. Por tanto, al incremento de los costes de producción en general, hay que añadir nuevos costes por el cumplimiento de las normativas cada vez más estrictas de protección medioambiental, seguridad en el trabajo, gestión de residuos, etc. y por la instauración de la trazabilidad y la certificación del aseguramiento de la calidad. Además la Comisión europea plantea argumentos exagerados en lo que respecta al impacto del sector de frutas y hortalizas sobre el medio ambiente, los accidentes laborales y el empleo de trabajo ilegal, con objeto de convencer a los agricultores y a la opinión pública de que deben imponerse normas aún más estrictas en el seno de la UE. COAG considera que dicha argumentación es gratuita y debería fundamentarse en estadísticas fiables, sobre todo cuando existen trabajos recientes sobre el impacto del sector sobre el medio ambiente que en ningún momento imputan al sector acusaciones como las realizadas por el documento de la Comisión, sino que reconocen que la OCM ha permitido la reducción de los impactos negativos sobre el medio. Además, no se considera el coste medioambiental que supone el aumento de las importaciones, debido al transporte, ni las condiciones de producción y su impacto medioambiental en terceros países.

• Por último, el aumento de la preocupación de los ciudadanos de la UE por eventuales crisis alimentarias y, como consecuencia de esto, la presión de la Comisión en el aseguramiento de la trazabilidad y de la distribución, ha obligado a la certificación de productos mediante múltiples protocolos de aseguramiento de calidad con diferentes niveles de exigencia, requeridos por múltiples agentes de la cadena comercial.

Por otro lado, el documento de consulta plantea la validez del modelo actual de la OCM, de manera previa a enumerar y describir las principales cuestiones que afectan al sector de frutas y hortalizas. A este respecto COAG realiza las siguientes consideraciones:

– Los Reglamentos por los cuales se establece la OCM de frutas y hortalizas frescas y transformadas, han sido modificados en varias ocasiones. Tanto en la “minirreforma” de 2000 como en la mal llamada “simplificación” del año 2003, se trataron de resolver algunas cuestiones, pero sin llegar a afrontar los verdaderos problemas de los productores que la OCM no ha conseguido solventar, como son la escasa asignación presupuestaria, el descenso de la renta de los productores, la desaparición de producciones en zonas tradicionales y la escasa concentración de la oferta.

– La aplicación de la normativa continúa siendo bastante compleja, especialmente en lo que respecta a los programas operativos y también siguen existiendo problemas de seguridad jurídica de las Organizaciones de Productores (OP), a causa de la distinta interpretación de la normativa por las distintas administraciones y organismos de control y en las relaciones contractuales con las industrias. Si bien la mayor libertad de los EE.MM., otorgada por la simplificación, ha servido para adaptar la normativa a sus condiciones, en otros casos se ha ido demasiado lejos, facilitando la existencia de agravios comparativos entre productores y distorsiones en la competencia, en contra de los principios fundamentales de la PAC.

– Además, las serias modificaciones que han sufrido los criterios de reconocimiento de las OPFH llegaron a alterar radicalmente el espíritu de la reforma de la OCM de 1996. Si bien la reducción de los requisitos mínimos para la constitución de OP tuviera cierta justificación para responder a la diversidad de situaciones y para tener en cuenta la situación específica de los nuevos EE.MM., la excesiva subsidiariedad pervirtió los objetivos iniciales de la OCM y consolidó la intrusión del sector comercial en el sistema de OPFH.

– La posibilidad de participación de no productores en la toma de decisiones y la facilitación de la constitución de OP virtuales, ha beneficiado en mayor medida a los agentes comerciales y a los grandes grupos de la distribución, que los verdaderos productores. La ampliación de los límites en las ventas de productos de terceros sobre la de sus propios productores ha facilitado la colonización de las OP más cercanas a los centros de distribución y consumo en destino sobre las OP de las zonas de producción, y ha desalentado las iniciativas de colaboración comercial entre OP y las fusiones.

En definitiva, COAG considera que el futuro del sector debería tomar como punto de partida un modelo agrario que cumpla los objetivos marcados por la PAC, si bien la producción de alimentos se estima que ha pasado a un papel secundario respecto al resto de objetivos. Se debe apostar por un modelo que utilice menos insumos, que opte por la diversificación y la producción de alimentos de calidad, de manera que se promueva un sector más sostenible y más seguro frente a las crisis coyunturales. Dicho modelo debe ser gestionado por una mayoría agricultores profesionales, cuyo trabajo contribuye al mantenimiento del paisaje y a la fijación de la población en el medio rural. Este planteamiento se opone al concepto de intensificación gestionada por grandes empresas que, tal y como se ve en la actualidad, no es garantía de una alimentación barata para el consumidor. Por tanto, se han de establecer medidas para mejorar el sistema en la línea propuesta, que regulen el mercado y mejoren la renta del agricultor, que debe ser el principal actor de la OCM.

OBJETIVOS DE LA REFORMA

Tomando como principios básicos hacia los que han de orientarse las políticas del sector el mantenimiento del sector agrario por ser estratégico, la mejora de la calidad de los alimentos, el mantenimiento del paisaje y del medioambiente, la producción de alimentos con métodos sostenibles y la fijación de la población en el medio rural, COAG considera que la reforma de la OCM de frutas y hortalizas frescas y transformadas deberá afrontar como objetivos principales los siguientes:

? Mantener y reforzar los principios de preferencia comunitaria, solidaridad financiera y unidad de mercado.

? Garantizar la renta de los productores europeos, priorizando el acceso al sistema de ayudas a los agricultores profesionales, cuya renta principal procede de la agricultura, dado que son aquellos que vertebran el medio rural y garantizan las producciones de calidad, así como la competitividad de sus productos sometidos a una fuerte competencia internacional.

? Seguir fomentando con mayor apoyo económico la adaptación de la oferta a la concentración de la distribución.

? Aumentar el control de las importaciones de terceros países.

? Es fundamental lograr un mejor conocimiento de la producción y comercialización en tiempo real, no sólo a nivel europeo y estatal sino también de los países competidores, con el fin de mejorar la gestión de los mercados. En este sentido, se harían más eficientes los mecanismos de ayuda para vencer las crisis coyunturales, por otro lado, absolutamente indispensables.

? Enfatizar en medidas que ayuden a los productores a satisfacer las necesidades crecientes del mercado en cuanto a calidad, diferenciación, valoración, inocuidad y trazabilidad de sus productos, así como apoyar la promoción de los productos ante el consumidor.

? Seguir fomentando la introducción de técnicas que redunden, en una producción más respetuosa con el medio ambiente. También en una gestión de los residuos que minimice su impacto ambiental, en una reducción el consumo de energías no renovables y recursos hídricos escasos y que ahorren costes de producción.

? Se debe explorar la posibilidad de homogenizar las distintas normas de certificación de calidad o de producción certificada a nivel europeo y elevar el control público en este aspecto, manteniendo a su vez las normas de comercialización establecidas ya que permiten la normalización de las producciones y mejoran el comercio dentro de la UE.

? Reforzar la coherencia entre las medidas estructurales de la OCM y las de desarrollo rural, asegurando la complementariedad de los fondos procedentes de la OCM y los procedentes de desarrollo rural.

? Evitar la triangulación: es imprescindible realizar un estrecho seguimiento y control de la evolución de ciertas producciones en cada EE.MM. y tomar las medidas adecuadas y a tiempo para evitar que el sector de frutas y hortalizas se vea afectado negativamente por la competencia desleal que supondría la entrada de producciones que poseen ayudas desacopladas como colchón económico.

Resulta sorprendente que el documento de consulta no recoja entre sus objetivos básicos a lograr el fortalecimiento de las OP que mejoren la posición negociadora de los agricultores para hacer frente a la concentración de la distribución. El escaso asociacionismo se marca como uno de los principales problemas del sector, pero no se hace una apuesta clara por el fortalecimiento de las OP.

OPCIONES Y TEMAS ESTUDIADOS

A continuación, se establece la posición de COAG respecto a las opciones propuestas por la Comisión Europea en base a cada uno de los temas tratados en el documento de consulta.

1.- Contribuir a un mejor equilibrio del sector

1.1.- Organizaciones de productores

COAG apuesta claramente por el apoyo y potenciación de las OP pero éstas han de tender hacía un modelo preestablecido que tiene que estar basado en la territorialidad, eficacia y eficiencia, ofreciendo la mayor rentabilidad posible al agricultor. Por tanto, únicamente se deberían establecer ayudas a aquellas OP que estén dentro del modelo y a las que pretenden estar dentro del mismo.

COAG propone asegurar la complementariedad de los fondos procedentes de la OCM y los procedentes de desarrollo rural, dejando libertad al agricultor y a las organizaciones de productores para decidir su fuente de financiación con el compromiso y control de no obtener doble financiación para una misma inversión.

Por tanto se deben mantener inalteradas las modalidades de apoyo a las medidas estructurales y agroambientales de las OP y permitir la complementariedad entre las medidas de apoyo a la OCM y el régimen de apoyo al desarrollo rural. Si una explotación realiza inversiones importantes, los medios que necesita a tal fin rebasan ampliamente los del fondo operativo, por lo que no quedan medios para aplicar otras medidas del programa operativo. Además, los fondos operativos no son suficientes para permitir la mejora de las explotaciones de los miembros de las OP. Por esto, conviene posibilitar la sinergia entre ambos regímenes de ayuda y en ningún caso realizar una transferencia del apoyo a medidas estructurales y agroambientales de las OP al segundo pilar de la PAC.

Por otro lado, se puede concluir que la OCM no ha resultado eficiente en la concentración de la oferta, ya que no se ha conseguido alcanzar el objetivo de agrupar el 60% de la oferta, apenas se ha llegado al 40% y con síntomas de descenso. Si se promueve la organización del sector entorno a OPFH, se debe hacer desde la perspectiva de que sea el agricultor asociado quien se beneficie de las ayudas y perciba mejores precios, ya que de no ser así no habrá atractivo que permita agrupar la oferta. En este sentido, COAG plantea las siguientes medidas:

• La calidad del asociacionismo deja mucho que desear, ya que las OP no están resultando eficaces en la gestión del mercado, ni en su proyección comercial. En la práctica, los mecanismos establecidos para fomentar la concentración de la oferta han posibilitado la intrusión del sector comercial, favoreciéndose e incluso financiando el oligopolio de la distribución. De esta forma aun aumentando la concentración del sector productor, la capacidad de negociación seguiría en manos de la gran distribución.

• Si bien es necesario reforzar la concentración de la oferta, es indispensable considerar que el objetivo debe ser la creación de verdaderas OP constituidas a iniciativa exclusiva de los productores como instrumento para mejorar la comercialización de los productos de sus socios. Para ello, debe establecerse con mayor precisión la condición de productor, los criterios de reconocimiento de las OP deben reforzarse con el objetivo de que estén constituidas por productores y no sean meras figuras formadas por agentes con intereses ajenos al sector productor, y que buscan obtener beneficio de la financiación comunitaria y sin un papel efectivo en la concentración de la oferta y en la gestión del mercado.

• Tiene que garantizarse que la toma de decisiones sea de forma democrática y homogenizar y elevar los criterios de reconocimiento para todos los Estados miembros de la UE, respondiendo a unos objetivos claros que fomenten el verdadero desarrollo del asociacionismo en el sector de las frutas y hortalizas. En este sentido, el número mínimo de productores para constituir una OP es muy reducido en la UE, y se deben fomentar medidas que favorezcan la incorporación de agricultores individuales en las OP ya existentes y como miembros de pleno derecho.

• Todos los socios de una OP deben de ser productores.

• Mantener las categorías de OP, universales y especializadas y dentro de ellas realizar el reconocimiento para los productos que comercialicen. Es decir dar flexibilidad para el productor pero también estabilidad para la OP. Se propone autorizar el reconocimiento de las organizaciones de productores por productos específicos siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
– un productor, para un producto dado, sólo puede ser miembro de una organización de productores;
– los miembros de la organización de productores deben entregar toda su producción a la organización a la que pertenecen, manteniendo las excepciones previstas en el Reglamento 2200/96.

• Resolver la incompatibilidad de pertenecer a dos OP especializadas de la misma categoría, o a una OP universal y a una OP especializada a la vez, sobre todo cuando no comercialicen los mismos productos. Cuando existen productos que se solapan entre ambas OP, permitir elegir al productor en función de criterios económicos en que OP desea comercializar esos productos.

• Permitir que cuando el producto no tenga importancia en la comercialización de las OP universales, el productor no tenga obligación de entrega de dichos productos, ni la OP de hacerse cargo de ellos, siempre que haya obligación de permanencia en la OP y de la entrega total del resto de los productos que comercialice la OP.

• Asimismo se deben establecer medidas para fomentar la fusión de OP mediante ayudas a su constitución para que puedan alcanzar una dimensión que mejore su eficacia, así como para fomentar la colaboración entre OP mediante la constitución de asociaciones de OP con fines comerciales, con medidas que incentiven acciones colectivas del programa operativo que desarrollen las OP a través de sus asociaciones, incrementando el porcentaje de participación comunitaria hasta el 60% con la ampliación de los casos del artículo 15.5 del reglamento 2200/96.

• Tener en cuenta criterios sociales en la priorización de las ayudas. Apoyar en mayor medida a las organizaciones de productores que tengan un número de socios elevado en relación con el volumen de producción comercializada, ya que son las que mayores esfuerzos realizan para concentrar la oferta e incurren en mayores costes operativos.

• También se propone que se establezca un programa especial para el desarrollo de las OP en aquellas regiones de la UE donde estas sean poco significativas o que tengan dificultades específicas, adaptando los requisitos de constitución y gestión a dichas realidades específicas. Por tanto se debería permitir en determinadas circunstancias justificadas una derogación por los Estados miembros de los criterios mínimos de reconocimiento en el Reglamento del Consejo para adaptarlos a su realidad productiva y favorecer en ciertas regiones con baja afiliación la constitución de OP. Podría estar justificado por el aumento en ciertas regiones de producción de la desprofesionalización de los socios (proliferación de agricultores a tiempo parcial y no profesionales) que limita en gran medida la eficiencia de las OP y las inversiones en acciones innovadoras. En dicho contexto son perjudicados los agricultores profesionales que son conscientes de la necesidad de innovar, mejorar su competitividad y tener una mayor orientación hacia el mercado y se deberían facilitar las posibles iniciativas de dichos profesionales facilitando la constitución como OP aunque sean de limitada dimensión.

• La ayuda a los Fondos Operativos debería fijarse en el 6% del valor de la producción comercializada de la OP con carácter general.

• Así mismo, se debe incrementar el porcentaje de cofinanciación comunitaria del 50 al 60% en el caso de Organizaciones de Productores con una presencia significativa de agricultores profesionales, que podría fijarse en 2/3 del total de socios. También debería aumentarse al 60% la cofinanciación comunitaria en el caso de regiones de la UE donde las OP sean poco significativas o poco eficaces económica y comercialmente.

• Hay que simplificar los procedimientos burocráticos que acarrea la gestión de dicha ayuda y limitar los requisitos en la forma de presentar el programa de actuación de la OP y el destino del fondo operativos, siempre que el objetivo sea mejorar la comercialización y la competitividad de los productos. En este sentido, se debe permitir a las OP realizar las aportaciones de sus socios para la constitución del fondo operativo, siempre que se cuente con la aprobación de la Asamblea General de la OP.

• El programa operativo debería ser un programa de actuación centrado en los objetivos de la OCM. Al aumentar la flexibilidad de las acciones a desarrollar, el control se debe reforzar para evitar abusos. Se considera necesario dotar de mayor autonomía y seguridad jurídica a las OP, con mayor libertad y flexibilidad para el diseño y ejecución de sus actuaciones de mejora a través de los programas operativos, y consecuentemente una mayor concreción y unidad de criterios para el control de las acciones que son posibles de realizar con el programa operativo, en aras de una mayor seguridad jurídica.

1.2.- Apoyar la mejora de las relaciones interprofesionales

COAG considera la constitución de un Observatorio Público a nivel comunitario, que permita conocer los precios y las prácticas comerciales a lo largo de la cadena de distribución, como un instrumento muy útil. También ha de permitir conocer las importaciones y su valor. Sin embargo, es necesario que se refuerce el papel de las Interprofesionales, que no deben ser sustituidas por el Observatorio, ya que son éstas las que pueden utilizar la información generada en el Observatorio para mejorar la gestión de los mercados. Es decir, el Observatorio de Precios Europeo debe servir de instrumento para el fortalecimiento de las Interprofesionales.

Por otro lado, las interprofesionales se consideran como de interés particular por la concertación entre los distintos agentes que forman la cadena de la producción, transformación y comercialización del sector hortofrutícola, pero actualmente presentan escasa eficacia. Se las debería dotar de herramientas para aumentar sus competencias en la comercialización y es necesario que cuenten con la participación de la distribución e incluso de los consumidores para mejorar su actuación al participar todos los eslabones de la cadena y así dotar de mayor entidad a los acuerdos que se tomen. También se deberían explorar las posibilidades de desarrollar interprofesionales a escala europea, así como de aumentar la flexibilidad de dichas entidades respecto a la extensión de norma, para mejorar la agilidad la aplicación de estas medidas.

1.3.- Favorecer la cooperación con los horticultores de países terceros

En ningún caso se deben utilizar fondos de la OCM para financiar a las organizaciones de productores pertenecientes a países terceros, ni para la realización de inversiones por parte de OP europeas en países terceros. Si bien se está de acuerdo en que es necesario fomentar el desarrollo de estos países no debe ser a costa de los escasos fondos de esta OCM, que deben tener como objetivo primordial el mantenimiento de la renta de los agricultores europeos y no promover la importaciones de países terceros, hecho que iría en contra del principio de preferencia comunitaria de la PAC.

Promover el desarrollo de los países terceros a través de la producción exclusiva para la exportación genera desequilibrios en los mercados internos de los propios países, ya que cuando no se puede exportar el producto se destina al mercado interior rompiendo su estabilidad. Por otro lado, se destruyen las producciones tradicionales de estos países y los beneficios de la exportación no recaen en el grueso de la sociedad, dado que en la mayor parte de los casos no existen estructuras cooperativas u organizaciones de productores similares al concepto europeo, sino en un número reducido de beneficiarios, e incluso en empresas extranjeras que no favorecen el desarrollo endógeno.

2.- Considerar los compromisos internacionales

COAG propone que las ayudas han de estar ligadas a la producción o al hecho de producir y por tanto no se considera adecuada la opción del desacoplamiento ya que supondría la desaparición del sector en algunas zonas y traería como consecuencia a largo plazo la desaparición de las ayudas.

Por otro lado, es necesario destacar que se debe tener en cuenta un tratamiento diferenciado según cada producto y que no se ha de aplicar la misma opción para todos los transformados. Esta puntualización se refiere particularmente al caso del tomate transformado y al régimen de ayuda para los cítricos, sector para el cual COAG solicita la opción basada en la ayuda a la superficie de cultivo ligada a la producción, según una superficie fija determinada para una campaña concreta. Este sistema debería además favorecer la redistribución de las ayudas primando a los agricultores profesionales y a aquellos que practican métodos de cultivo más respetuosos con el medio ambiente.

Se han detectado ciertas insuficiencias en el funcionamiento de los regímenes de ayuda, en particular, es escaso de las conservas de peras. También es insuficiente la ayuda en melocotón, que en la reforma de 2001 se estableció teniendo como referencia la evolución del cambio dólar/euro pero desde el año 2002 la evolución ha cambiado radicalmente y no se está teniendo en cuenta la fortaleza del euro respecto al dólar y la pérdida de competitividad que ha sufrido el sector.

Debe prestarse atención a la situación por la que atraviesa el sector del higo seco y en particular a los productores de higos destinados a la transformación en pasta de higos, proponiendo medidas que protejan el mantenimiento del cultivo y la renta de los productores.

Otros productos como las conservas de albaricoque, manzana para zumo, espárrago, pimiento y champiñón cada vez están sometidos a una mayor competencia internacional, lo cual está provocando que la producción europea no pueda resistirla y desaparecer si no se establecen apoyos adecuados.

3.- Prevenir y responder a las crisis coyunturales

COAG considera que las retiradas de frutas y hortalizas se concentran en regiones y productos determinados y no tienen por objeto solucionar sus problemas estructurales y necesitan de medidas complementarias para aumentar su eficacia. Sin embargo, el sistema de retiradas sigue siendo absolutamente necesario para gestionar los excedentes coyunturales, debido al carácter variable y no programable de las producciones.

Por tanto, se considera necesario mantener las retiradas, si bien han de ser complementadas con la opción propuesta del Fondo, con las consideraciones siguientes:

– COAG considera que un mecanismo de gestión de crisis coyuntural controlado por las OPFH y sin el control de las importaciones no sería efectivo ya que los productores asociados a OP sólo representan el 40% del total. Por ello, se debe articular un fondo de seguridad que cubra para todos los productores las retiradas de producto en situaciones puntuales de crisis grave. Para ello, se debe reintroducir la definición de crisis grave, con criterios comunes para todos los Estados miembros, y contemplar mecanismos de urgencia para su solución:

– Poder incrementar el porcentaje máximo de retirada respecto al volumen comercializado para los productos que dispongan de ICR.

– Permitir incrementar el porcentaje máximo de retirada a cargo del fondo operativo.

– El abanico de medidas del fondo debe contemplar acciones de promoción, regulación de la oferta mediante la destrucción en campo, recolección en verde, envío de productos a la trasformación e incluso mejora de los precios percibidos.

En cualquier caso, una alternativa a considerar es la potenciación de los sistemas de seguros agrarios, adaptándolo a las necesidades reales de la producción y poniendo en marcha seguros de rentas, que contarían con financiación comunitaria adicional.

Respecto al sistema de retiradas, debe mejorarse con las siguientes actuaciones:

• Para equilibrar la protección que existe para de los distintos productos y resolver un tratamiento discriminatorio, que se arrastra desde la reforma de la OCM, es necesario establecer ICR para otros productos no incluidos en el anejo II que sufren crisis coyunturales de mercado, como el pepino, el calabacín, la cereza y la fresa.

• Se debe elevar la ICR para productos que gozan de ella, como es el caso de la fruta dulce, el tomate, la berenjena, el melón y la sandía, ya que no cubren ni siquiera los costes de recolección.

• Introducir un mecanismo de compensación presupuestaria entre varios años que permita utilizar cuando sea necesario el volumen de retiradas no gastado en años previos.

• Hay que dar nuevas alternativas al destino de los productos retirados para evitar su destrucción, como la destrucción en campo y el control de la producción por medio de la recolección en verde, así como mejorar las condiciones relativas a la distribución gratuita, flexibilizando su aplicación y permitiendo el destino de productos transformados a este fin.

• Elevar el control de las retiradas

Por otro lado, el documento de la consulta no recoge la problemática de las crisis estructurales de ciertos sectores que padecen un acusado desequilibrio entre oferta y demanda por reducción del consumo, inadaptación de las variedades, entrada en producción de nuevas plantaciones, etc. que dan lugar a una bajada duradera de los precios. En este sentido, COAG solicita a la Comisión europea que establezca medidas de coordinación para los planes de reestructuración del sector de frutas y hortalizas presentados por los Estados miembros, de manera que se consiga más igualdad en las medidas estructurales (inversiones, programa de arranques, etc.).

4.- Simplificar las normas

Las normas de comercialización establecidas permiten la normalización de las producciones y mejoran el comercio dentro de la UE, en especial en el caso de la adaptación de los nuevos Estados miembros. Por tanto, no deben eliminarse. Por otra parte, se debe explorar la posibilidad de homogenizar las distintas normas de certificación de calidad o de producción certificada a nivel europeo y elevar el control público en este aspecto.

5.- Promover el consumo

COAG se muestra de acuerdo con la realización de un plan de acción europeo, para promover el consumo de frutas y hortalizas europeas como medio para una mejor salud y para la lucha contra la obesidad. Sin embargo, es necesario puntualizar que la financiación de este plan de acción no debe correr a cargo de los fondos destinados a la OCM de frutas y hortalizas.

Por otro lado, es necesario aumentar el control sobre prácticas que debilitan el consumo de frutas y hortalizas como es el caso de la publicidad engañosa que atribuye todas las propiedades saludables y alimenticias de las frutas y hortalizas a productos lácteos, mermeladas, cereales, golosinas, licores y bebidas refrescantes haciendo un uso ilegítimo de su imagen, incluso ofreciéndolos como productos sustitutivos. En este sentido, COAG exige que se elabore una legislación que proteja al consumidor de las citadas prácticas.

6.- Preservar el medio ambiente

Respecto a la Opción Ecocondicionalidad, COAG considera que no se puede aplicar el nuevo marco establecido en la PAC, ya que las medidas de la PAC van dirigidas a los productores y las de la OCM a las OP. Sería demasiado peligroso permitir la posibilidad de que se sancione a toda la OP por el incumplimiento de uno de sus socios. Las ayudas de la OCM a los FO son ayudas de carácter estructural y no deberían someterse a la condicionalidad de la PAC, no son ayudas directas. No obstante los productores están obligados a cumplir las normativas establecidas en dicho marco en el ámbito de su explotación.

Además, esta opción supondría una elevada carga administrativa para la realización de los controles, y también grandes dificultades para el establecimiento de indicadores que determinen el impacto ambiental de las acciones, así como para la determinación de su grado de cumplimiento.

Por tanto, COAG podría apoyar la opción Cuotas Verdes, para aumentar la introducción de técnicas que redunden, en una producción más respetuosa con el medio ambiente, incidiendo en una gestión de los residuos que minimice su impacto ambiental, en una reducción el consumo de energías no renovables y recursos hídricos escasos y que ahorren costes de producción. Por otro lado, es necesario combinar esta opción con la necesidad de facilitar el acceso a las OP de productores de agricultura ecológica, así como de productores que realizan venta directa.

Por otro lado, COAG realiza las siguientes propuestas desde el punto de vista de la preservación del medio ambiente:

• Es necesario enfatizar en medidas que ayuden a los productores a satisfacer las necesidades crecientes del mercado en cuanto a calidad, variedad y cantidad de productos y asegurar la inocuidad y la trazabilidad de sus productos a los consumidores.

• Se debe apoyar la calidad, diferenciación y valoración de sus producciones y la promoción de los productos ante el consumidor, por ejemplo, permitiendo financiar los gastos en los que se incurren por la aplicación los protocolos de aseguramiento de la calidad o producción certificada, por las denominaciones específicas y por las denominaciones de origen.

COAG considera que entre los temas planteados por el documento de consulta, no se recoge una cuestión de vital importancia para el sector:

7.- Preferencia comunitaria y política comercial

Los acuerdos en el seno de la OMC y otros acuerdos bilaterales y multilaterales, tendentes a establecer zonas de libre cambio, han erosionado la preferencia comunitaria en el sector de las frutas y hortalizas. Se proponen las siguientes medidas de cara a reforzar la protección comunitaria en el sector de frutas y hortalizas:

• Es necesario contener las concesiones comerciales que vulneran la preferencia comunitaria. En los nuevos acuerdos o en la renovación de los vigentes se debe proceder a la fijación de los contingentes en consonancia con las exportaciones tradicionales. Es necesaria la aplicación de reducciones parciales y no absolutas y graduadas en función de la sensibilidad de los productos y el establecimiento de calendarios de exportación restringidos a periodos no críticos para las producciones comunitarias.

• La calidad de las producciones europeas es elevada. Es necesario asegurar que las producciones de países terceros que se importan a la UE cumplen los mismos requisitos de calidad que respetan los agricultores europeos, en beneficio de los consumidores y de la seguridad alimentaria.

• Cumplir el mandato del Consejo respecto a las concesiones a los países terceros de desarrollar una estrategia global y coherente para el sector de las frutas y hortalizas, con la elaboración de estudios para la definición y cuantificación y localización geográfica del impacto de cada acuerdo comercial sobre los productos sensibles del sector hortofrutícola.

• Establecer certificados de importación para los contingentes preferenciales, al hilo de los establecidos para la importación de manzana, para controlar los volúmenes importados, y regular mejor la oferta en el mercado comunitario.

• Disponer de mecanismos de información al sector en tiempo real de las importaciones de países terceros, tanto de los volúmenes de producto como de las variedades y calidades.

• Reforzar los controles fitosanitarios a la entrada de productos procedentes de terceros países para evitar la introducción de cualquier tipo de agente patógeno. Aumentar la vigilancia del estricto cumplimiento de las normas de comercialización y del cumplimiento de los LMR. Establecer sistemas de inspección en origen por parte de inspectores europeos financiados por los países exportadores. Por otro lado, se han de establecer, según producto, sistemas de tratamiento en frío durante el transporte y la entrada de las importaciones ha de realizarse por determinados puertos europeos con la presencia de inspectores con experiencia en plagas de cuarentena.

• Se debe evitar la discriminación que supone que cuando un Estado miembro desea exportar a un nuevo mercado deba firmar un protocolo de exportación bilateral y cuando un país tercero importa a la UE, el protocolo lo firma con la Unión Europea.

• La cláusula de salvaguardia especial “volumen” tal como esta establecida es inoperante y debe procederse a su revisión para que sea efectiva. La cláusula de salvaguardia especial “precios” debe desarrollarse.

• El mecanismo de precio de entrada presenta serias deficiencias ya que no sirve para cumplir su objetivo y debería modificarse para que sea efectivo, si es necesario planteando una revisión ante la OMC.

• Hay que contemplar la desfavorable situación de las regiones donde se producen dichos productos a la hora de establecer compensaciones por los perjuicios causados por las concesiones comerciales y por el establecimiento de la zona de libre comercio, especialmente con los países mediterráneos. Dichas compensaciones deben establecerse a través de una línea de apoyo suplementario para mejoras estructurales tendentes a mejorar la competitividad, que deberían desarrollarse a través de Programas de Acción Integrados similares a los establecidos para otros Estados miembros de la UE por la incorporación de España a la Comunidad y por el establecimiento del mercado único europeo.

• La exportación se ha visto limitada por la desaparición de las restituciones, a pesar de encontrarse unos niveles mucho más bajos de lo necesario para cumplir los acuerdos del GATT. Por otro lado, los mercados de países terceros mantienen un buen número de barreras arancelarias y fitosanitarias que limitan enormemente el acceso a sus mercados y que se deben intentar equiparar a las existentes para las importaciones a la UE, ya sea en el marco de la OMC, como en las negociaciones de carácter bilateral.

• Es necesario que se acentúen los esfuerzos en controlar el sistema de trazabilidad, de modo que el consumidor sepa de dónde procede el producto, y evitar así la venta de producto procedente de terceros países pasando por producto de la UE.