La concesión a un particular por parte de la Dirección General de Industria Energía y Minas -organismo dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía- del derecho de explotación de una planta embotelladora de agua mineral en el paraje denominado “La Milleza” paraliza la actividad agraria de 400 agricultores de Albuñuelas y el Valle de Lecrín, debido al abusivo perímetro de protección del sondeo establecido, no basado en criterio hidrogeológico alguno, que conlleva la limitación de determinados usos agrícolas perjudicando seriamente la economía de estos pueblos y creando una fuerte alarma social. Dicha concesión lesiona, por tanto, los derechos de numerosos agricultores para trabajar sus fincas en favor de un interés privado exclusivo con el que se entra en colisión. La superficie afectada abarca más de 720 hectáreas de olivar de regadío y de secano, cítricos y almendros, fundamentalmente, y también matorral, pasto y viñedos, además de nacimientos naturales y pozos ya existentes. ASAJA GRANADA hace denuncia expresa de esta inadmisible resolución dictada el 28 de noviembre de 2005 por la Dirección General de Minas en favor de Ángel García Conejero por treinta años -prorrogables hasta noventa- y que, asimismo, cuenta con el pronunciamiento en contra del Ayuntamiento de Albuñuelas a través de un recurso de alzada que ha interpuesto recientemente y que está todavía pendiente de determinarse.

Los agricultores perjudicados han venido realizando, por su parte, una serie de alegaciones durante los periodos de información pública del perímetro de protección del sondeo basadas, precisamente, en la falta de justificación técnica del mismo y la existencia de derechos de explotación previa de aguas, denegadas sucesivamente desde 2001 por la Dirección General de Minas, siempre adelante con el procedimiento, que tiene su máximo defensor en el Delegado Provincial de Innovación, Alejandro Zubeldia, quien está paralizando todos los expedientes para otorgar concesiones de agua para riego e incluso ha obligado a los solicitantes a pedir autorización al adjudicatario del sondeo, Ángel García Conejero, otorgándole el dominio y el control de todo, lo que firma el propio Zubeldia en una carta dirigida a la Consejería de Medio Ambiente con fecha de 15 de noviembre. La sensación que tienen de desprecio por parte de la Administración y de los políticos, que parecen ignorar lo que sucede, se suma a todo esto.

Sendos informes de la Universidad de Granada y Diputación Provincial solicitados por el Ayuntamiento de Albuñuelas revelan, por lo demás, la falta de fundamento de las restricciones de usos agrarios establecidas por el perímetro de protección del sondeo para embotellado de agua mineral y la merma de la rentabilidad económica y social que supone para la zona su establecimiento y explotación. El Departamento de Ingeniería Civil (Área de Ingeniería del Terreno) de la Universidad de Granada asegura, de hecho, que la actividad agraria prolongada desde tiempos remotos no han contaminado los acuíferos –después de haber realizado los correspondientes análisis microbiológicos- y que, por tanto, “se puede considerar la incidencia de las prácticas agrícolas sobre la calidad del agua analizada como muy baja o nula” lo que avala, en consecuencia, la falta de fundamentos de las referidas restricciones de uso agrícola. Pone, además, de manifiesto, que los terrenos en los que se proyecta construir la planta embotelladora no son adecuados “por la susceptibilidad muy alta que presentan y la posibilidad real de que se generen movimientos de ladera” recomendando incluso, otros emplazamientos para dicha actividad. Por su parte, en el Informe Agronómico de Diputación, consta que el perímetro establecido por el Instituto Geológico Minero establece unas exigencias que condicionan el uso de prácticas agrícolas (aplicación de nutrientes orgánicos y minerales, y productos fitosanitarios) que pueden afectar a la optimización del manejo de fincas. En este informe se calcula la pérdida de 8.811 jornales al año con una valoración económica de 1.872.244 euros al año.

Ante la grave situación creada, ASAJA GRANADA manifiesta su inquietud y deja clara su posición en defensa de los agricultores de Albuñuelas y Valle de Lecrín. Exige que se tomen en consideración los mencionados informes técnicos de la Universidad de Granada y la Diputación Provincial de Granada que avalan la falta de fundamento de las restricciones de uso agrícola establecidas por la Dirección General de Industria, Energía y Minas en la zona en beneficio exclusivo del interés privado de explotación de aguas minerales e insta a la Administración a que arbitre fórmulas compatibles con el desarrollo industrial que no perjudiquen la tradicional actividad agrícola.